Guardias civiles asesinados por ETA

SEPTIEMBRE: Guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA

José Manuel Alba Morales, guardia civil asesinado por ETA el 2 de septiembre de 1990

IN MEMORIAM

Hacia las seis de la mañana del 2 de septiembre de 1990 la banda terrorista ETA asesinaba al guardia civil JOSÉ MANUEL ALBA MORALES y al civil LUIS ALBERTO SÁNCHEZ GARCÍA mediante un coche-bomba lanzado por la rampa que daba acceso al muelle de Uribitarte del puerto de Bilbao. La rampa llevaba hasta la garita del Servicio Fiscal de la Guardia Civil donde trabajaba el agente Alba. Resultaron también heridos por la explosión dos empleados municipales del Servicio de Ordenación de Tráfico (OTA), Anselmo Amézaga Regúlez, de 29 años de edad, y Julio Fernández Fernández, de 24, que fueron trasladados al Hospital de Basurto, donde quedaron ingresados. Julio Fernández sufrió traumatismo, contusiones y heridas varias por la acción de la metralla, siendo su pronóstico grave. Por su parte, Anselmo Amézaga presentaba una herida en el hombro derecho con pérdida de sustancia, abrasión en la piel y erosiones en cuero cabelludo. Su estado era menos grave, según el parte facilitado por el departamento de urgencias del centro hospitalario. Asimismo, resultaron heridos el agente de la Guardia Civil Juan Carlos Calzada Martín y el ciudadano Miguel Suquía Mendinueta.

Luis Alberto Sánchez murió al intentar detener la caída del coche, un Ford Fiesta que había sido robado la noche anterior a una pareja. Los dueños del Ford Fiesta fueron encontrados atados a un árbol con dos grilletes, dos candados y una cadena de dos metros de largo, en el monte Umbe en Guecho (Vizcaya) poco después de que se produjera el atentado.

El vehículo contenía una bomba compuesta por 60 kilos de amonal y metralla que fue activada por control remoto. Luis Alberto se había acercado momentos antes hasta las inmediaciones de la garita de la Guardia Civil para solicitar la ayuda de dos policías municipales que se encontraban allí, ya que su coche se había quedado sin batería. Dos trabajadores del OTA y una pareja de guardias civiles intentaban ayudarle a poner el vehículo en marcha. En ese momento, el coche-bomba fue lanzado marcha atrás por la calle de la Travesía de Uribitarte, que desemboca en la garita de la Guardia Civil. Cuando intentaban detenerlo, y antes de que colisionara con el puesto de la Guardia Civil, se produjo la explosión.

El coche-bomba quedó completamente destrozado y la onda expansiva produjo un enorme socavón en el suelo, ocasionando numerosos desperfectos en los coches y camiones que se encontraban en el lugar de los hechos. Asimismo, las ventanas de los edificios y tiendas en un radio de doscientos metros alrededor de la garita quedaron hechas añicos, sembrando la calle de cristales.

El atentado se produjo cuatro días después de que las administraciones central y vasca acordaran la adecuación de los Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco y el despliegue de la Ertzaintza. Era la primera vez que la banda terrorista ETA utilizaba el método del coche-bomba kamikaze lanzado sin conductor hacia su objetivo. Pocos meses después, el 29 de mayo de 1991, la banda asesina utilizaría el mismo método contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic, provocando la muerte directa de nueve personas, cinco de ellas menores de edad. También en este caso los etarras aprovecharon la pendiente de una de las calles laterales que daban a la casa cuartel para lanzar el coche-bomba y, una vez dentro del patio, donde en esos momentos jugaban varios niños, activar el explosivo mediante un mando a distancia.

En 1995 la Audiencia Nacional absolvió por falta de pruebas a cuatro miembros de la banda terrorista ETA para los que la Fiscalía solicitaba 360 años por este atentado. La sentencia consideró que no había quedado acreditado que Jesús María Mendinueta Flores, Joseba Iñaki Zugadi García, Fernando del Olmo Vega e Inmaculada Pacho Martín tuvieran "ninguna participación concreta y directa" en dicho atentado.

En el año 2006 fue juzgado en la Audiencia Nacional Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi -que en 2005 solicitó ser extraditado desde Francia-, como autor directo del atentado junto a Juan María Ormazabal, alias Turco -etarra fallecido en un enfrentamiento con la Ertzaintza en agosto de 1991 en el que el terrorista asesinó al ertzaina Alfonso Mentxaka- y un tercer terrorista no identificado. Gadafi ha sido ya condenado a más de 1.200 años de cárcel en los veinte juicios celebrados contra él en la Audiencia Nacional desde que fue extraditado.

José Manuel Alba Morales, de 22 años, falleció en el Hospital de Basurto una hora después del atentado. Estaba casado y su mujer estaba embarazada de su primer hijo. Llevaba sólo tres meses destinado en la Compañía de Especialistas Fiscales de la Guardia Civil de Bilbao y el 2 de septiembre era su último día de trabajo antes de irse de vacaciones. El funeral por su alma se celebró el 3 de septiembre en la Iglesia de los Padres Agustinos de Bilbao.

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Cristóbal Martín Luengo, guardia civil asesinado por ETA el 8 de septiembre de 1987

IN MEMORIAM

Hacia las tres de la tarde del día 8 de septiembre de 1987, la banda terrorista ETA asesinaba en Bilbao de un disparo en la nuca, muy cerca de su domicilio en el barrio de Arangoiti, al subteniente de la Guardia Civil CRISTÓBAL MARTÍN LUENGO. Su mujer y una de sus hijas bajaron inmediatamente del domicilio a auxiliarle, pero no pudieron hacer nada. Cristóbal Martín Luengo fue trasladado en una ambulancia al Hospital Civil de Basurto, donde ingresó cadáver. El rebote de una de las balas alcanzó a Julián Pérez Gómez, que resultó herido leve.

Los dos asesinos se dieron a la fuga en un taxi robado un cuarto de hora antes, que les aguardaba con las puertas traseras abiertas y estaba conducido por un tercer etarra. El taxi había sido robado en la plaza de San Pedro en Guecho por dos de ellos. Allí pidieron al taxista que se dirigiera al polideportivo de Archanda, y en el trayecto se identificaron como miembros de ETA, explicándole que necesitaban el vehículo para hacer un transporte de armas. Tras meter al taxista en el maletero, recogieron a un tercer etarra y se dirigieron a Bilbao a cometer el atentado.

Las fuerzas políticas vascas, a excepción de Herri Batasuna (HB), condenaron el atentado, y lo relacionaron, de una u otra manera, con la oferta de diálogo del Gobierno a ETA. Este atentado era el primero que se producía con víctimas mortales desde el último contacto que se había mantenido en Argel el 10 de agosto de 1987 entre los comisarios Manuel Ballesteros y Jesús Martínez Torres, por parte del Gobierno, y Eugenio Etxebeste, alias Antxon, por parte de la banda asesina.

El 10 de septiembre se celebró en Bilbao el funeral por el subteniente de la Guardia Civil al que asistieron varios centenares de personas. El féretro con los restos mortales de Martín Luengo fue despedido con vivas a la Guardia Civil.
En octubre de 1997 la Audiencia Nacional condenó a Joseba Koldobika Begoña Ibarra a 33 años de prisión por el asesinato de Cristóbal Martín Luego. También fue condenado por robo de vehículo con toma de rehén. El etarra había huido a Francia desde donde había sido extraditado a España en diciembre de 1996.

"El asesino de mi padre fue detenido en Francia y extraditado a España. De una condena de casi cuarenta años a la que fue sentenciado, por su asesinato y el secuestro de un taxista en su huida, no cumplió más de nueve años; lleva mucho tiempo en libertad, haciendo vida normal, con su familia, sus amigos, trabajando, riendo, viendo crecer a sus hijos y envejecer a su mujer... Mi padre no pudo hacerlo y nuestras vidas nunca volvieron a ser las mismas".

Así se expresaba una hija del subteniente asesinado en marzo de 2009 en una "Carta de una joven a su padre asesinado por ETA" (El Confidencial, 10/03/2009). Efectivamente, a Koldobika se le concedió el tercer grado (régimen abierto) en marzo de 1999, por una supuesta enfermedad que le impedía continuar en la cárcel. Concretamente, el etarra padecía una depresión, por lo que accedió a un régimen de semilibertad.

Según el Ministerio del Interior, el etarra Félix Ignacio Esparza Luri, detenido en Francia el 2 de abril de 2004, también participó en el asesinato del subteniente Martín Luengo.

Cristóbal Martín Luengo, de 50 años, estaba casado y era padre de tres hijos de 19, 17 y 4 años. Había ingresado en la Guardia Civil en 1960, y estaba destinado en Bilbao desde hacía veinte años. Desde 1983 desempeñaba trabajos administrativos en el Gobierno Militar de Vizcaya.

"(...) Parte de la familia abandonamos el País Vasco [tras el asesinato] y mi madre, la gran heroína de nuestras vidas, nunca pudo rehacer su vida. No obstante, ella sola supo sacar fuerzas y tirar del carro de la vida que le había tocado vivir. Sacó a sus tres hijos adelante y consiguió que, a pesar de todo, los tres siguiéramos con nuestras vidas. Además, esta gran heroína, nuestra madre, nos enseñó con su ejemplo a enfrentarnos a la vida con coraje y valentía" (El Confidencial, 10/03/2009).

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Federico Carro Jiménez y Manuel Avila García, guardias civiles asesinados por ETA el 9 de septiembre de 1987

IN MEMORIAM

Un día después del asesinato del subteniente de la Guardia Civil Cristóbal Martín Luengo de un tiro en la nuca en Bilbao, la banda terrorista ETA asesinaba en Guernica (Vizcaya) a otros dos guardias civiles mediante la explosión de un coche-bomba. Pocos minutos antes de las diez y media de la noche del 9 de septiembre de 1987, el cabo FEDERICO CARRO JIMÉNEZ y el guardia MANUEL ÁVILA GARCÍA, que patrullaban vestidos de paisano en un vehículo oficial, pero sin distintivo alguno, se acercaron a un automóvil, un Ford Fiesta de color rojo que les resultó sospechoso. Cuando se disponían a inspeccionarlo, se produjo la explosión del mismo mediante un mando a distancia accionado por el asesino Juan Carlos Balerdi, miembro del grupo Éibar de ETA.

La explosión provocó la muerte en el acto del guardia Manuel Ávila y heridas gravísimas al cabo Federico Carro, con pérdida del setenta por ciento de masa encefálica, falleciendo mientras se le trasladaba al Hospital de Cruces. A mitad de camino, a la altura del puente de Balmasín, la ambulancia sufrió una avería y tuvo que ser asistida por una dotación de la Cruz Roja de Baracaldo, que completó el traslado.

El coche-bomba estaba estacionado a unos cincuenta metros de la casa cuartel de la Guardia Civil, a las afueras de Guernica -en la carretera que conduce a Lequeitio-, en un camino vecinal y junto a una chabola. Los guardias civiles asesinados se ocupaban del reconocimiento del itinerario que separa la fábrica de armas Astra, Unceta y Cía. del acuartelamiento.

La onda expansiva del artefacto alcanzó a la chabola próxima al coche bomba, que ardió completamente. El fuego alcanzó también unos cables de electricidad de alta tensión, por lo que algunos barrios de Guernica quedaron sin suministro eléctrico durante varias horas. Asimismo, las casas colindantes al cuartel sufrieron diversos desperfectos, como rotura de cristales. La casa cuartel, sin embargo, no resultó afectada, pero el apagón de luz, que afectó a calles y carreteras colindantes, provocó algún accidente y añadió confusión a la situación.

Tras producirse el atentado, efectivos de la Guardia Civil, a los que se unieron miembros de la Policía Municipal de Guernica y de la Ertzaintza, paralizaron el tráfico e hicieron discurrir la circulación por una ruta alternativa, mientras varios centenares de vecinos se congregaron en el lugar de los hechos para enterarse de lo ocurrido. Asimismo, miembros del equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil rastrearon los alrededores con perros adiestrados en previsión de que pudiera haber sido colocada alguna otra bomba.

La capilla ardiente con los restos mortales de los guardias civiles asesinados se instaló al día siguiente por la mañana en el Gobierno Civil de Vizcaya. A las siete de la tarde se celebraron los funerales en la parroquia de San José de los Padres Agustinos de Bilbao.

Al día siguiente, la banda terrorista ETA atacó con granadas el acuartelamiento de la Guardia Civil en Ordicia (Guipúzcoa), causando sólo desperfectos materiales. Sólo uno de los cinco proyectiles impactó en la fachada principal del cuartel. Otra granada estalló en el aparcamiento de la Compañía Auxiliar del Ferrocarril, colindante al acuartelamiento, dañando varios de los vehículos estacionados.

En 1994 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Ciganda Sarratea, Juan Carlos Balerdi Iturralde, alias Eneko, Fermín Urdiain Ciriza, alias Txiki, Iñaki Zugadi García y Miren Josune Onaindia Susaeta a más de 62 años de cárcel a cada uno de ellos. Pese a estas condenas, y a otras impuestas por otros asesinatos cometidos como integrante del grupo Éibar de ETA, Fermín Urdiain fue puesto en libertad en enero de 2006, tras haber cumplido sólo 16 años y 9 meses de prisión. En el atentado que acabó con la vida de Manuel Ávila y Federico Carro también participó el etarra Cándido Zubikarai Badiola, que fue quien trasladó a los etarras hasta Guernica para colocar el coche-bomba y los escondió posteriormente en su domicilio en Ondárroa.

En relación con este atentado la Policía detuvo al día siguiente en Bilbao por su presunta relación con el doble asesinato a un agente de la Ertzaintza y a su esposa. Se trataba de Pedro Gamecho Léniz y de Lidia Zabala. La infiltración de etarras y proetarras en la Policía Autonómica vasca, o su captación posterior por la banda terrorista, ha sido un problema grave en este cuerpo policial. La mayoría de los ertzainas detenidos por sus vinculaciones con ETA pertenecían a las primeras promociones, cuando los sistemas de selección no contaban con los filtros que se desarrollaron posteriormente. Hasta once ertzainas han sido detenidos por formar parte de la quinta columna de ETA en la Policía Autonómica vasca desde la creación del cuerpo, tal y como informaba el diario ABC en su edición del 19 de julio de 1993.

Manuel Ávila García, guardia de 22 años, soltero. Había ingresado en el Instituto Armado el 1 de febrero de 1984 y llevaba destinado en el acuartelamiento de Guernica desde el mes de febrero de 1987. Al entierro de Manuel Ávila García el 11 de septiembre en la localidad de Mures (Jaén) asistieron unas 2.000 personas.

Federico Carro Jiménez, cabo de la Guardia Civil de 29 años y soltero también. Había ingresado en el Cuerpo el 2 de febrero de 1982 y ascendió a cabo en octubre de 1986. Estaba destinado en Guernica desde el 1 de abril de 1987. Su padre, Federico Carro Villagómez, era coronel de aviación, ya retirado en el momento en que asesinaron a su hijo. Carro Jiménez fue enterrado en Burgos. En abril de 2010 el Ayuntamiento de León decidió, tras una propuesta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), cambiar el nombre de la calle Víctimas del Terrorismo por el de Federico Carro.

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Martín Duran Grande, guardia civil asesinado por ETA el 15 de septiembre de 1974

IN MEMORIAM

El 15 de septiembre de 1974 fallecía en el Hospital Militar de Bilbao el guardia civil MARTÍN DURAN GRANDE tras ser herido gravemente el 11 de septiembre en un enfrentamiento con miembros de la banda terrorista ETA en la capital vizcaína.

La operación de la Guardia Civil se había iniciado la noche del 10 de septiembre, cuando varios etarras intentaban llegar a España desde Francia a través del río Bidasoa. Agentes de la Guardia Civil les sorprendieron cerca de la Isla de los Faisanes (Hendaya), en el momento en que desde la parte española (Irún) un individuo salía de un automóvil y trataba de llegar a la embarcación. Al ser descubiertos por la Guardia Civil, abrieron fuego y se internaron en un monte, donde pudo ser detenido uno de ellos, el etarra Vicente Gurruchaga Escenarro. Aprovechando la confusión, los ocupantes de la barca consiguieron huir, cruzando nuevamente la frontera franco-española.

Con la información que obtuvieron tras la detención del etarra, se localizó un piso en el número 59 de la calle Doctor Areilza, de Bilbao, que la Guardia Civil sospechaba que podría estar siendo utilizado por miembros de ETA. El día 11 de septiembre, por la mañana, efectivos policiales entraron en el piso y detuvieron a la etarra María Dolores González Cataraín, alias Yoyes, que doce años más tarde sería asesinada por sus excompañeros. Yoyes, que por entonces tenía 18 años, llevaba en un bolso una pistola Firebird, 9 milímetros parabellum, con dos cargadores.

Poco después, mientras los agentes estaban en la vivienda, llegaron otros dos miembros de la banda. Uno de ellos, José Antonio Inchaustegui Elizondo, alias El Duque, fue detenido, mientras que el otro, Juan José Urcelay Imaz, emprendió la huida seguido por el guardia civil Martín Durán Grande. El etarra, en su fuga, disparó contra el agente, que recibió dos disparos: uno en el vientre y otro en la pierna izquierda. A continuación, intentó escapar a través de una de las viviendas del inmueble, a la que entró amenazando a sus ocupantes (una señora de avanzada edad y su hija), pero desistió por la altura del balcón. Urcelay prosiguió su huida y, pensando que podría haber guardias en el portal del edificio, salió a la calle dando tiros. Uno de los disparos hirió en el glúteo a una transeúnte, Andrea Villamore Silva, de 58 años y natural de La Coruña. Martín Durán Grande, pese a estar gravemente herido, prosiguió la persecución de Urcelay Imaz, desplomándose en el suelo nada más salir a la calle.

Horas más tarde, la Guardia Civil localizó otro piso de la banda en el barrio de Zorroza de Bilbao, en la calle Astillero nº 6, donde sospechaban que se había escondido el presunto autor de los disparos que hirieron a Martín Durán, Juan José Urcelay Imaz. Cuando intentaron detenerlo se entabló otro tiroteo en el que Urcelay Imaz resultó muerto. Además, un segundo etarra y otros dos guardias civiles -Aniceto Reguero Fernández y Manuel Vera Ortiz- resultaron heridos de diversa consideración. En la operación se detuvo también a Purificación Martínez Setién e Ignacio Setién.

Martín Durán Grande tenía 21 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Había nacido en Portugalete, en la margen izquierda de la ría del Nervión, pero vivía en Erandio, en la orilla derecha. El mismo 15 de septiembre se celebró el funeral en la Iglesia de San Agustín de Erandio. El Gobernador civil de Vizcaya colocó sobre el féretro la Medalla al Mérito Policial, con distintivo rojo, a título póstumo.

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Juvenal Villafañe García, guardia civil asesinado por ETA el 16 de septiembre de 1993

IN MEMORIAM

A las 17:20 horas del 16 de septiembre de 1993, la banda terrorista ETA asesinaba en Andoain (Guipúzcoa) al subteniente de la Guardia Civil retirado JUVENAL VILLAFAÑE GARCÍA mediante una bomba colocada bajo el asiento del conductor de su vehículo particular que explotó nada más poner en marcha el coche.

El atentado se produjo en las proximidades de su domicilio en Andoain. La explosión arrojó a la víctima a la calzada, que quedó con la mitad inferior de su cuerpo completamente destrozada y una pierna prácticamente amputada. Una ambulancia de la Cruz Roja lo trasladó a la residencia Nuestra Señora de Aránzazu, de San Sebastián, donde ingresó cadáver.

Un día antes del asesinato de Juvenal Villafañe, el proetarra Jon Idígoras (Herri Batasuna) había avisado de que los atentados de ETA seguirían hasta que se cambiara la Constitución y se reconociera el derecho de autodeterminación de los vascos. También advertía que, aunque se produjesen detenciones de miembros de ETA, "la situación social permite que ETA se pueda regenerar rápidamente".

El asesinato de Juvenal Villafañe, reivindicado por la banda terrorista ETA en un comunicado publicado en Egin el día 28 de septiembre, ha quedado impune.

Juvenal Villafañe García, de 78 años, era vecino de Andoain desde veintiséis años antes, aunque había nacido en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas en 1915. A principios de la década de los sesenta fue destinado al cuartel de la Guardia Civil de Andoain, por lo que los vecinos del pueblo le apodaban "el sargento". En septiembre de 1968 se retiró de la Guardia Civil y trabajó durante una década como funcionario de la Diputación de Guipúzcoa. Desde que se jubiló se dedicaba a tramitar licencias de caza y pesca, pasaportes y todo tipo de documentación para los vecinos de Andoain, por lo que era muy conocido en la localidad. Juvenal Villafañe estaba casado, era padre de tres hijas y abuelo de un nieto. Una de las tres hijas de la víctima, declaró que ella perdonaría a los asesinos de su padre "si sintiesen que necesitan ser perdonados, pero como no lo van a sentir, no se me ocurre hablar de perdón". A lo que añadió que los que habían asesinado a su padre - "un padrazo, el mejor marido del mundo y una buena persona"-, "ni son gente ni son personas, son bestias" (ABC, 18/09/1993).

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Francisco Cebrián Cabezas, guardia civil asesinado por ETA el 16 de septiembre de 1991

IN MEMORIAM

El 16 de septiembre de 1991 dos policías municipales, JOSÉ LUIS JIMÉNEZ VARGAS y VÍCTOR MANUEL PUERTAS VIERA, y el conductor de la grúa municipal, FRANCISCO CEBRIÁN CABEZAS, fueron asesinados por la banda terrorista ETA al estallar un coche-bomba que trasladaban a un depósito de vehículos en Muchamiel (Alicante).

La banda terrorista ETA quiso repetir ese 16 de septiembre la salvajada que tres meses y medio antes, el 29 de mayo, había perpetrado en la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona), o la que cuatro años antes había cometido contra el acuartelamiento de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987. Esta vez el objetivo era cometer una masacre en la casa cuartel de la Benemérita en Muchamiel, donde vivían seis guardias civiles, tres de los cuales estaban casados y residían allí con sus familias, de los que cinco eran niños pequeños. Junto al edificio se encontraba, además, el Colegio Público El Salvador, cuyos alumnos iniciaban las clases en la mañana de 16 de septiembre. Pero nada de eso fue un impedimento para que la banda de asesinos pusiese en el punto de mira el acuartelamiento de Muchamiel.

Para cometer el atentado, los asesinos de la banda trasladaron a la localidad alicantina un coche robado meses atrás en el País Vasco. Tras cargarlo con una potente bomba, el coche fue lanzado sin conductor contra la casa cuartel, con una barra antirrobo en el volante para orientar la dirección, el contacto puesto y una marcha metida. Sin embargo, el coche no se dirigió hacia la casa cuartel, sino que se estrelló contra la fachada de una sucursal bancaria, en la acera opuesta de la avenida Carlos Soler donde estaba el acuartelamiento de la Guardia Civil.

Tras fallar en el objetivo, los terroristas no accionaron el iniciador del artefacto explosivo por lo que, cuando el director de la oficina bancaria llegó al trabajo a las ocho de la mañana, avisó a los agentes de la Guardia Civil que en esos momentos abrían la puerta de la casa cuartel.

Minutos después, se personaron en el lugar dos policías locales que llamaron a una grúa para trasladar el vehículo al depósito, un solar al aire libre situado a unos doscientos metros del cuartel. Hacia las 9:40 horas, cuando estaban bajando el vehículo, estalló la bomba matando en el acto a Francisco Cebrián Cabezas, conductor de la grúa, y a los policías municipales José Luis Jiménez Vargas y Víctor Manuel Puertas Viera. Ni el director de la oficina bancaria, ni la Guardia Civil, ni los policías municipales sospecharon en ningún momento que el vehículo fuese un coche-bomba cargado con 50 kilos de explosivo, sino que creyeron que se trataba de un accidente de tráfico.

Además de las tres víctimas mortales, cuatro personas resultaron heridas de gravedad: María del Carmen López Amador, incapacitada durante 330 días; María África Antón González, impedida 331 días; Felisa Azor Troyano, que no recibió el alta médica hasta 470 días después, y Juan Capella Valls, que tardó 158 días en curar sus heridas. Otras treinta y seis personas, entre ellas Noelia Berenguer, un bebé de un mes, resultaron heridas de diversa consideración y precisaron de atención médica.

La explosión provocó también cuantiosos estragos materiales en los vehículos e inmuebles de los alrededores, cuyas estructuras, ventanas y balcones quedaron seriamente afectados por la onda expansiva. Todos los cristales estallaron y quedaron destrozados los toldos y persianas de muchos edificios.

En enero de 2007 el Ayuntamiento de Muchamiel aprobó por unanimidad dar a tres calles de esa localidad alicantina los nombres de los asesinados en este atentado. "Todos recordamos lo sucedido y este gesto era algo que estaba pendiente con ellos y con sus familiares", manifestó Josep Antoni Miquel, portavoz del grupo socialista en la corporación municipal, el día que se aprobó la moción.

El recorrido judicial de este atentado fue largo, celebrándose el primer juicio en 1995. Ese año la Audiencia Nacional condenó a Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun a sendas penas de 136 años de prisión como autores de los delitos de utilización ilegítima de vehículos de motor, sustitución de placas de matrícula, tenencia de explosivos y como cooperadores necesarios de un delito de atentado, tres de asesinato, cuatro de lesiones y uno de terrorismo. El tribunal consideró hechos probados que los dos etarras robaron en junio de 1991 en Zarauz (Guipúzcoa) un Ford Fiesta y que, tras cargarlo de explosivos en una lonja preparada al efecto en Oyarzun, le cambiaron la matrícula por otra falsa y lo entregaron a los miembros del grupo Levante de ETA.

En 1999, la Audiencia Nacional condenó al etarra Fernando Díez Torres a 38 años de cárcel. Este etarra fue quien facilitó a los miembros de la banda la infraestructura necesaria para cometer diversos atentados en las provincias de Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante y Murcia entre finales de 1991 y marzo de 1992. En el año 2002 fueron condenados por la Audiencia Nacional José Luis Urrusulo Sistiaga e Idoia López Riaño que, como integrantes del grupo Ekaitz de ETA, cometieron diversos atentados terroristas durante el mismo período de tiempo que Díez Torres y en las mismas provincias. La sentencia les impuso sendas penas de 38 años de prisión por los delitos genéricos de pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de explosivos y armas, y por falsedad documental.

Francisco Cebrián Cabezas, conductor de la grúa municipal, tenía 40 años. Natural de Cedrillas (Teruel) ingresó en la Guardia Civil, siendo destinado al cuartel de San Juan (Alicante). Allí conoció a una vecina de Muchamiel, con la que se casó y tuvo cuatro hijos, que en el momento de su asesinato tenían entre 17 y 8 años. Posteriormente se licenció de la Benemérita y montó una fábrica de hilatura junto a otro socio. Cuando fue asesinado, Francisco era propietario de la grúa que tenía arrendado el servicio de recogida de vehículos en Muchamiel. Fue enterrado en el cementerio del pueblo. Tres días después del asesinato, el padre de Francisco contó qué sentía tras perder a su hijo: "Qué te puedo decir, que Francisco era un hombre bueno, que era muy de su casa, que por suerte o por desgracia todos en la familia somos de la Guardia Civil y mira por dónde nos ha ido a tocar la china ahora cuando él creía que ya podría vivir tranquilo. No sé, sólo siento que me han quitado a mi hijo y pienso en mis pobres nietos" (Información, 19/09/1991).

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Antonio García Argente, Mariano González Huergo, Miguel Hernández Espigares y Alfonso Martínez Bellas, guardias civiles asesinados por ETA el 20 de septiembre de 1980

IN MEMORIAM

Poco después de las dos y media de la tarde del 20 de septiembre de 1980, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Marquina (Vizcaya) a los guardias civiles ANTONIO GARCÍA ARGENTE, MARIANO GONZÁLEZ HUERGO, MIGUEL HERNÁNDEZ ESPIGARES, y ALFONSO MARTÍNEZ BELLAS, mientras comían en un restaurante cercano al cuartel de la Guardia Civil de la localidad vizcaína.

Los guardias se encargaban de la protección de las instalaciones de la empresa de armamento Esperanza y Cía. y, menos de ocho meses antes, ETA había asesinado en Ispáster a seis guardias civiles que custodiaban un transporte de armamento de la misma empresa. En esta ocasión, el atentado tuvo lugar en el interior del bar-restaurante Arrieta, situado a unos doscientos metros del cuartel de la Guardia Civil. El establecimiento tenía una entrada principal y otra en la parte trasera. La principal solía cerrarse hacia las 14:30 horas, cuando los clientes habituales ya habían comido o lo estaban haciendo en esos momentos.

Hacia las 14:40 horas del 20 de septiembre se encontraban en el interior del restaurante los cuatro guardias civiles, dos empleados de correos de la comarca y dos trabajadores del restaurante. La puerta principal estaba ya cerrada y, en esos momentos, alguien golpeó con los nudillos en la puerta trasera. La hija de los propietarios, de 15 años, que se encontraba recogiendo los platos de las mesas para llevarlos a la cocina, pensando que se trataba de alguno de los clientes habituales, abrió la puerta. Sin mediar palabra, entraron tres terroristas que, armados con metralletas, se dirigieron directamente a la mesa en la que comían los cuatro guardias civiles, acribillándolos con varias ráfagas que les provocaron la muerte en el acto. A continuación, salieron caminando del restaurante, y cogieron la primera bocacalle en dirección al paseo principal del pueblo. Después huyeron a bordo de un vehículo que les esperaba en las inmediaciones. En el interior del restaurante se recogieron más de veinte casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF, munición habitualmente utilizada por ETA.

Nada más conocerse el atentado se instalaron controles en la mayoría de las carreteras de Vizcaya y Guipúzcoa, al tiempo que un helicóptero de la Guardia Civil sobrevolaba la zona. Un equipo especial, con perros policía, rastreaba los montes cercanos, buscando al propietario del coche en el que habían huido los miembros del comando, y que se suponía había sido abandonado en algún paraje de la comarca. Finalmente fue encontrado, atado y amordazado, en un monte cercano a la localidad guipuzcoana de Elgóibar.

A las ocho y media de la mañana del domingo 21 de septiembre se celebró en la parroquia de Santa María de Gemein de Marquina el funeral por los cuatro guardias civiles asesinados. Media hora antes, los féretros fueron trasladados desde el convento de El Carmen, donde se había instalado la capilla ardiente, hasta la iglesia parroquial. Los féretros iban cubiertos con la bandera de España y los tricornios de las víctimas, y fueron acompañados por una compañía de la Guardia Civil y veinte compañeros que portaban diez coronas de flores. La comitiva la cerraban, además de los familiares de los cuatro guardias civiles, el director general de la Guardia Civil, el delegado especial del Gobierno en el País Vasco, los gobernadores civil y militar de Vizcaya y otras autoridades militares, además del alcalde de la localidad, del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y representantes de UCD y AP. Al término del funeral, los cuatro féretros fueron introducidos en distintas furgonetas para trasladar los restos mortales de las víctimas a sus localidades natales, mientras se entonaba el himno de la Guardia Civil.

Por el asesinato de los cuatro guardias civiles sólo han sido condenados tres colaboradores de la banda terrorista, pero no los autores materiales, miembros del grupo Éibar de ETA. El primero de ellos, José Ramón Foruria Zubialdea, alias Foru, fue el encargado de dibujar el croquis del restaurante donde se cometió el atentado. Foruria huyó a Venezuela poco después del atentado, y no fue entregado por las autoridades de ese país hasta septiembre de 2003. En diciembre de 2004 fue condenado por la Audiencia Nacional como cómplice de asesinato a 10 años de prisión mayor por cada uno de los cuatro asesinatos. Sin embargo, en agosto de 2011 se le concedió el régimen de prisión atenuada, que le permitirá cumplir fuera de la cárcel lo que le queda de los cuarenta años de condena que se le impusieron. Durante su estancia en prisión al etarra, de 62 años, se le diagnosticó un cáncer de vejiga, motivo por el que se le ha concedido el régimen de semilibertad. Foruria Zubialdea, natural de Marquina, realizó importantes labores de información para la banda terrorista ETA, entre otras sobre empresas que no pagaban el impuesto revolucionario, personas concretas o entidades bancarias.

Jaime Rementería Beotegui, alias Zapatillas, encargado de realizar labores de vigilancia y de suministrar la información a los dirigentes de la banda terrorista ETA en Francia, fue condenado por la Audiencia Nacional en 1985 a cuatro penas de 17 años de prisión mayor. Por la misma sentencia, y a las mismas penas, fue condenado Fidel González García, que prestó su coche a los autores materiales para trasladarse al lugar del atentado y los alojó durante varios días, no sólo antes de cometer el cuádruple asesinato, sino la misma noche del atentado. En este mismo juicio fueron absueltos de su participación en el atentado los etarras José Carlos García Ramírez y Ángel María Recalde Goicoechea.

En este atentado participó también, presuntamente, Juan Oyarbide Aramburu, alias Txiribita, que falleció en septiembre de 1989 en un enfrentamiento con la Guardia Civil en el peaje de la autopista Bilbao-Behovia de Irún, en el que también perdió la vida el etarra Manuel Urionabarrenetxea Betanzos, alias Manu.

Antonio García Argente, de 20 años y soltero, era natural de Manises (Valencia). La madre de Antonio, sin saber nada del atentado, llamó desde Valencia al cuartel para hablar con su hijo. Por error marcó el número de uno de los médicos del pueblo, muy similar al número del cuartel, que estaba en esos momentos atendiendo a las víctimas del atentado, y fue entonces cuando se enteró de que su hijo acababa de ser asesinado. Antonio estaba destinado en la III Compañía Móvil de Barcelona, aunque temporalmente se encontraba agregado en el País Vasco. Antonio fue enterrado a última hora de la noche del domingo 21 de septiembre, tras celebrarse una hora antes un funeral en el cuartel de la Guardia Civil en Valencia. Unas mil personas asistieron a las honras fúnebres por el guardia civil asesinado.

Mariano González Huergo, de 25 años y soltero, era natural de Santander. Se encontraba en el País Vasco como refuerzo de las plantillas de esa comunidad autónoma, pero su destino era la 551 Comandancia de Santander. La tarde del domingo 21 de septiembre fueron enterrados en Santander sus restos mortales, tras la misa funeral a la que asistieron unas mil personas, en una ceremonia que transcurrió sin incidentes.

Miguel Hernández Espigares, de 23 años y soltero, era natural de Guadix (Granada). Destinado en la III Compañía Móvil de Barcelona, se encontraba temporalmente destinado en el País Vasco, reforzando las plantillas de guardias civiles de la zona. El funeral por Miguel Hernández Espigares se celebró el lunes 22 de septiembre en Alamedilla (Granada), donde también fue enterrado. En diciembre de 2007, la corporación municipal de Guadix acordó por unanimidad en sesión extraordinaria dar el nombre de Hernández Espigares a una calle, plaza o centro municipal de la localidad.

Alfonso Martínez Bellas, de 22 años, era natural de La Coruña. Estaba casado y tenía un hijo; su mujer estaba embarazada del segundo. Su destino era la 111 Comandancia de Madrid pero, al igual que sus compañeros, se encontraba en el País Vasco como refuerzo de las plantillas de la zona. A las once y media del lunes 22 de septiembre se celebró en el cementerio de Senan (El Ferrol) el sepelio de Alfonso Martínez Bellas, con la asistencia de unas mil personas.

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Juan Carlos Beiro Montes, cabo de la guardia civil asesinado por ETA en Leiza e24 de septiembre de 2002

IN MEMORIAM

El 24 de septiembre de 2002 al cabo de la Guardia Civil JUAN CARLOS BEIRO MONTES y causaba heridas de diversa consideración a otros cuatro agentes. El asesinato se produjo utilizando una pancarta trampa que los agentes estaban procediendo a retirar. La pancarta tenía escrito en euskera el lema "Gora ETA. GC jota bertan hil" (Viva ETA. GC muere aquí) con el propósito de provocar que agentes del Instituto Armado se acercaran a retirarla. En la pancarta, además, estaba dibujado el anagrama de la banda asesina y una diana con un tricornio en el centro.

La pancarta trampa estaba colocada junto a la calzada de la NA-1320, a su paso por el municipio de Leiza, y fue vista por un agente de la Guardia Civil que estaba fuera de servicio y dio aviso al puesto de Leiza, desde donde se envió una patrulla de guardias civiles para retirarla. Justo al lado de la pancarta estaba escondida la bomba que fue activada a distancia por un terrorista cuando se aproximaron a la misma el sargento Miguel de los Reyes Martínez Morata y el cabo Juan Carlos Beiro Montes. El artefacto, compuesto por 15 kilos de explosivos, contenía cantidad suficiente para haber asesinado a todos los agentes si hubieran estado un poco más cerca.

La explosión impactó de lleno al cabo y al sargento, mientras que los otros tres agentes que formaban la patrulla sufrieron heridas de carácter leve gracias a que se encontraban más alejados del lugar de la deflagración. Tras ser atendidos en el lugar del suceso por un médico y un ATS de Leiza, una UVI móvil trasladó al cabo, que presentaba traumatismo abdominal y salida de masa intestinal, hasta el Hospital Donostia, donde ingresó cadáver tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. ETA había vuelto a matar en el pequeño pueblo de Leiza después de que, catorce meses antes, asesinaran a José Javier Múgica Astibia, concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Ayuntamiento de la localidad.

El sargento Miguel de los Reyes Martínez Morata, comandante del puesto de la Guardia Civil de Leiza y miembro de la Unidad de Desactivación de Explosivos, sufrió "traumatismo craneoencefálico con depresión del nivel de conciencia y múltiples lesiones por metralla en cara, tórax, abdomen y extremidades", según el parte médico emitido por el Hospital Donostia. Curiosamente, Miguel de los Reyes había sufrido otro atentado de ETA cuando estaba destinado en el cuartel de Inchaurrondo en San Sebastián. Además, este agente había recogido en San Sebastián ese mismo año de 2002 un premio concedido por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) a los artificieros del Instituto Armado, de la Policía Nacional y de la Ertzaintza, en reconocimiento a su labor en la lucha contra el terrorismo. El sargento Martínez Morata, tenía 35 años cuando sufrió el atentado en Leiza.

Con este atentado la banda terrorista ETA había querido reaccionar de forma inmediata a la detención en Francia de los dirigentes Juan Antonio Olarra y Ainhoa Mujika el día 16 de septiembre. Para ello ordenó a tres grupos de la banda que actuaran de forma simultánea contra la Guardia Civil. El primero, que tenía previsto cruzar la frontera por Huesca y atentar de inmediatamente contra una patrulla de la Guardia Civil en Guipúzcoa, fue desarticulado por la Policía francesa el viernes 20 de septiembre. En el momento de su captura se les intervino una mochila con dinamita. El segundo grupo estaba formado por dos etarras que murieron la noche del lunes 23 de septiembre en el barrio bilbaíno de Basurto, al explotarles la carga de dinamita (entre 10 y 15 kilos) que transportaban en un coche. El tercer grupo logró al día siguiente, martes 24 de septiembre, su objetivo, asesinando a Juan Carlos Beiro.

El asesinato de Juan Carlos Beiro sigue, de momento, impune. Cuando se cumplió el cuarto aniversario del atentado, su viuda pidió "a todas las personas con capacidad de decisión", especialmente al Gobierno central, que "no abandonen nunca la investigación, y que no paren, sean cuales sean las coyunturas políticas, hasta que los asesinos" de su marido y de otras personas a las que mataron "por defender las ideas democráticas, la Constitución y la legalidad vigente, paguen, tras un juicio justo, sus delitos con las penas que correspondan". Y añadió que "solamente en ese caso podremos descansar en parte". En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la viuda de Juan Carlos pedía por favor que los encontrasen, los detuviesen y los juzgasen, porque "la memoria y el enorme sacrificio de las víctimas exigen ese esfuerzo". Y finalizaba diciendo: "Sé que sus compañeros no olvidarán nunca a Juan Carlos, y quiero asegurar que su familia nunca olvidará a la Guardia Civil".

Juan Carlos Beiro Montes, de 32 años de edad, estaba casado con María José Rama, y tenían dos hijos, un niño y una niña, mellizos de 6 años. Beiro Montes llevaba tres meses destinado en Leiza cuando fue asesinado. Antes de ingresar en la Guardia Civil fue soldado profesional y su primer destino como agente de la Benemérita fue Pesués (Cantabria), tras el cual fue destinado a Pamplona. Juan Carlos, además, era un gran deportista, y cuando fue asesinado se estaba preparando para correr la maratón de Asturias. El Palacio de Deportes de Langreo, por decisión de su Ayuntamiento en 2007, lleva su nombre, como ya lo llevaba previamente el circuito de carreras del paseo de los Llerones de Sama, donde Juan Carlos solía entrenar. Además, cada año se celebra el Memorial Juan Carlos Beiro, carrera popular con la que se mantiene viva la memoria de la víctima.

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LORENZO SOTO SOTO y a JOSÉ ZAFRA RÉGIL, guardias civiles asesinados por ETA el 25 de septiembre de 1978

IN MEMORIAM

El lunes 25 de septiembre de 1978 la banda terrorista ETA acribillaba a balazos en San Sebastián un Land Rover de la Guardia Civil, matando en el acto a LORENZO SOTO SOTO, conductor del vehículo, y a JOSÉ ZAFRA RÉGIL.

Los dos guardias civiles estaban destinados en el economato de la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián, y una de sus funciones era el aprovisionamiento de alimentos. Por ese motivo se trasladaban regularmente al Mercado Central de frutas y verduras de Atocha en San Sebastián, como hicieron esa mañana del 25 de septiembre. Vestidos con monos azules de faena, Lorenzo y José fueron al mercado y cargaron el vehículo con cajas de frutas y verduras. En torno a las 8:30 horas, cuando se disponían a regresar al cuartel, tres terroristas con el rostro cubierto con medias negras se situaron a ambos lados y frente al Land Rover, acribillando a balazos a los dos guardias civiles. El cuerpo de José Zafra recibió veintiún impactos de bala, mientras que su compañero, Lorenzo Soto, presentaba diecisiete. Ambos fallecieron en el acto en el interior del vehículo, sin tener tiempo de utilizar sus armas, que aparecieron en los asientos del automóvil.

Los tres asesinos, tras guardar sus armas en unas bolsas de deporte, huyeron del lugar en un vehículo en el que les esperaba un cuarto terrorista. El coche, un Renault 8, había sido robado previamente a punta de pistola a un vecino del barrio de Alza, al que obligaron a subir al mismo, dejándolo atado y amordazado en el monte de Artikutza. El coche, que aguardaba a escasos metros del lugar del atentado, sufrió una avería mecánica, por lo que los cuatro terroristas tuvieron que abandonarlo precipitadamente y parar a un taxi, obligando al conductor a trasladarlos hasta el barrio de Bidebieta, en la carretera de San Sebastián a Irún. Allí se bajó uno de los etarras, mientras que los tres restantes lo hicieron poco después, en la zona de Herrera.

Hora y media después del atentado los cuerpos sin vida de los dos guardias civiles llegaban al Hospital Militar, situado a pocos metros del lugar de los hechos. A primeras horas de la tarde se les practicó la autopsia y se instaló la capilla ardiente en el cuartel de la Guardia Civil del paseo de Heriz.

Al día siguiente, martes 26 de septiembre, se celebró el funeral por los dos guardias civiles asesinados en la parroquia de San Sebastián Mártir. Varios centenares de personas profirieron gritos de "ETA asesina", "Viva la Guardia Civil", "Hasta cuando" y "Caídos por Dios y por España". Hubo insultos al gobernador civil de la provincia, Ramón Oyarzábal, que cuando se disponía a entrar en su coche casi es agredido por uno de los asistentes. Los continuos atentados contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban provocando un aumento de la tensión en determinados sectores sociales. Porque no sólo eran los asesinatos, sino el acoso continuado a las familias de policías y guardias civiles. En una reunión de esposas de guardias civiles, de la que se hizo eco El Correo (28/09/1978), se relataron las vejaciones a las que se veían expuestas por el mero hecho de estar casadas con miembros de la Benemérita. Estas vejaciones iban desde la colocación de gatos muertos a la entrada de sus viviendas, hasta la negativa a venderles productos en algunos comercios.

Lorenzo Soto Soto tenía 24 años. Estaba soltero. Había ingresado en el Instituto Armado el 1 de febrero de 1974. Antes de ser destinado a San Sebastián, Lorenzo estuvo en Manresa, su primer destino, y en Azpeitia. Su padre, que también fue guardia civil, trabajaba como taxista en Barcelona cuando su hijo fue asesinado.

José Zafra Régil tenía 30 años. Estaba casado con una alavesa con la que tenía un hijo de 4 años. Ingresó en la Guardia Civil en mayo de 1968. Su asesinato causó una gran conmoción en Granada, donde residía su familia.

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Victoriano Collado, Agustín Pascual y José Luis Veiga, guardias civiles asesinados por ETA el 28 de septiembre de 1984

IN MEMORIAM

Pasadas las doce y media de la madrugada del 28 de septiembre de 1984, la banda terrorista ETA asesinaba a los guardias civiles VICTORIANO COLLADO ARRIBAS, AGUSTÍN DAVID PASCUAL JOVE y JOSÉ LUIS VEIGA PÉREZ, y hería a otros cinco, uno de ellos, Manuel Gallardo Jiménez, de gravedad, en un atentado con bomba-trampa en una zona situada entre las localidades alavesas de Elburgo y Alegría. La bomba, de gran potencia, estaba colocada entre la maleza en un talud lateral de la vía férrea.

La explosión se produjo una hora después de que una voz anónima advirtiera al cuartel de la Policía Municipal de Vitoria de la existencia de una bomba en la vía férrea, "cerca del cementerio" de la citada localidad, en una zona entre Elburgo y Alegría, que estallaría en un plazo de treinta minutos. La Policía Municipal avisó, a su vez, a la Guardia Civil, que desplazó al lugar un dispositivo con agentes de tres unidades: una brigada de desactivación de explosivos formada por dos agentes y un guardia conductor al mando del sargento primero José Luis Veiga Pérez, protegida por una patrulla de los GAR (Grupos Antiterroristas Rurales) y por otra unidad procedente del puesto de la Guardia Civil de Alegría.

La patrulla del GAR, que escoltaba y protegía al equipo de desactivación de explosivos, estaba integrada por el cabo primero Manuel Antonio López Cano y los guardias Manuel Gallardo Jiménez, José Pérez Vergara, Esteban Jesús Torres Rodríguez, Juan Antonio Pérez Pérez, Miguel Jorge Godoy, Antonio Ruiz Urbano, Juan Redondo Morales y José Antonio Marín Zafra. La patrulla rural del puesto de Alegría estaba compuesta por el sargento Gabriel Pedraza Pardal, el cabo Agustín Pascual Jove y los guardias Victoriano Collado Arribas, Juan Pérez Cervantes, Vicente Castro Cajete, Fernando Cristóbal Rodríguez, José Sánchez Jodar, Antonio Carlos Hernández López y Felisindo Álvarez Atanes. En total, veintiún guardias civiles participaron en el dispositivo.

Los asesinos de la banda habían colocado una bomba en las vías, como anunciaba la llamada anónima, que actuó como señuelo, al tiempo que habían escondido una segunda carga explosiva en una senda rodeada de matorrales y alejada de la bomba señuelo. Un tren de pasajeros estaba parado en la vía esperando a que los especialistas determinasen si la bomba era real o no. A las 0:30 horas, mientras avanzaban inspeccionando las vías hacia donde se suponía que estaba la bomba, uno de los agentes tropezó con un fino sedal oculto entre la maleza que, unido al detonante, activó la carga de la bomba-trampa colocada en el talud lateral, y que contenía unos 8 kilos de Goma 2. "Aunque ellos no solían trabajar cuando se iba la luz del sol, por seguridad, el hecho de que hubiera unas personas retenidas en el tren hizo que intentaran localizar y desactivar la bomba. Pero era una trampa", recuerda Charo Sierra, viuda del sargento Veiga Pérez, en una entrevista el 16/09/2009 en soitu.es.

La explosión fue muy violenta y alcanzó a ocho guardias civiles. De ellos, tres fallecieron casi en el acto: el cabo Agustín David Pascual Jove, el guardia segundo Victoriano Collado Arribas, y el sargento primero José Luis Veiga Pérez, que dirigía el grupo de miembros del Tedax. Otros cinco guardias ingresaron, a la una de la madrugada, en el Hospital de Santiago Apóstol de Vitoria. El más grave, Manuel Gallardo Jiménez, presentaba a su ingreso fractura craneoencefálica, politraumatismo, estallido del globo ocular izquierdo (perdió la visión en ese ojo), herida penetrante en tórax, fractura del codo izquierdo y traumatismo abdominal. También fueron ingresados, con pronóstico "menos grave", los guardias José Pérez Vergara, que presentaba múltiples lesiones y contusiones en cara, tórax y muslo derecho, y Manuel Antonio López Cano, con perforación de tímpano y herida en la rodilla derecha producida por la metralla. Fueron dados de alta a las pocas horas José Antonio Marín Zafra y Esteban Jesús Torres Rodríguez, que presentaban diversas contusiones.

Tras la evacuación de los heridos, el GAR acordonó la zona para continuar el reconocimiento de la misma a la luz del día. En ese segundo reconocimiento se localizó adosado a uno de los raíles de la vía férrea un artefacto simulado, envuelto en una bolsa de plástico similar a las de basura. Atacada a distancia por disparos de escopeta, se comprobó a continuación que en su interior sólo contenía piedras.

Los tres féretros, a hombros de sus compañeros, fueron conducidos a continuación, en un recorrido de unos quinientos metros por varias calles del centro de la ciudad, hasta la Iglesia de San Miguel. Se tardó más de media hora en hacer el recorrido debido a la cantidad de gente que se agolpaba en las calles para rendir un homenaje a los tres guardias civiles asesinados. La comitiva, encabezada por una banda militar, que durante todo el trayecto fue interpretando la marcha fúnebre de Chopin, estaba también integrada por sendas compañías de la Guardia Civil y de los GAR. Los féretros fueron conducidos en medio de un silencio impresionante, sólo roto esporádicamente por los aplausos de las personas que se agolpaban en los bordes de la calzada.

Victoriano Collado Arribas, guardia segundo de 21 años, donde fue enterrado tras un funeral al que asistieron unos cuatro mil vecinos. Su padre era también miembro de la Guardia Civil. Victoriano estaba soltero y había ingresado en el cuerpo con 19 años. Estaba trabajando temporalmente en el País Vasco, porque su destino cuando fue asesinado era Toledo.

Agustín David Pascual Jove, cabo de la Guardia Civil de 23 años. Estaba casado y sin hijos. Igual que su compañero Victoriano Collado, había ingresado en la Guardia Civil con 19 años y su padre era teniente del Instituto Armado destinado en la Agrupación de Tráfico de Madrid. Agustín también estuvo destinado en el Servicio de Tráfico antes de ser trasladado al País Vasco. Los restos mortales del cabo Pascual Jove fueron enterrados en el madrileño cementerio de Carabanchel.

José Luis Veiga Pérez, sargento de la Guardia Civil de 40 años. Estaba casado y era padre de dos hijos: José Luis, de 8 años, y David, de 4. El diario ABC publicó el 29 de septiembre la carta que José Luis Veiga había remitido a sus superiores dos años antes, en la que expresaba su deseo de continuar en el Servicio de Desactivación de Explosivos al que pertenecía desde 1980: "Deseo continuar en la especialidad, en primer lugar por una cuestión de amor propio profesional: quiero dominar mi trabajo, ya que las tareas que he emprendido me ha gustado culminarlas (...) Este deseo de continuar no significa que desprecie el riesgo, pero en mi modesta opinión considero que el riesgo de nuestra misión no es superior al de otros componentes del cuerpo". Efectivamente, el riesgo venía "determinado en función del lugar en el que se desarrolla nuestra misión. En el norte corremos mayor peligro". De hecho, ni el cabo Pascual Jove ni el guardia Collado Arribas, asesinados en el mismo atentado, pertenecían al Tedax, sino al puesto de la Guardia Civil de Alegría. José Luis Veiga Pérez, que además de guardia civil había estudiado Magisterio y estaba licenciado en Derecho, había ingresado en el Instituto Armado siguiendo los pasos de su padre y de tres hermanos. El día antes del atentado su hijo David cumplía 4 años, y José Luis había previsto ir a la celebración del mismo. La víspera llamó a su mujer para decirle que no podía ir, con el consiguiente disgusto. Era la primera vez que fallaba al cumpleaños del niño. Además, a José Luis no le tocaba ese año desplazarse desde La Coruña al País Vasco, pero un compañero de equipo acababa de casarse y ocupó su puesto para no hacerle una faena. El 27 llamó a su hijo para felicitarle y se despidió de su mujer con un "te quiero, hasta mañana". "Pero esa mañana no llegó nunca y nunca pude volver a hablar con él" (revista Fundación Víctimas del Terrorismo, nº 15, junio 2006). Tras la fiesta del cumpleaños de David, la casa quedó hecha un desastre, pero Charo estaba agotada y se quedó dormida. "A eso de las doce y media, justo a la hora que asesinaban a José Luis, me sobresalté y comencé a ponerme a limpiar y acabé sobre las tres. Nada más acostarme, llamaron a la puerta y me encontré a mi cuñado y a un compañero y dije: 'le han matado, ¿verdad?'. Era una angustia que arrastraba desde hacía mucho tiempo, y aquella noche se confirmó" (soitu.es, 16/09/2009). En la misma entrevista cuenta cómo fue la espera en el aeropuerto de Santiago de los restos mortales de su marido, con gran retraso del avión. "Llamé a Vitoria para saber qué ocurría, y me dijeron que estaban teniendo problemas para encontrar un cura que oficiara una misa a los tres difuntos. Yo les dije que no perdieran ni un minuto más, que aquí sobraban curas para dar misas. Luego leí en los periódicos que había veinte religiosos despidiéndoles... vamos, anda, no me lo creo...". La vida le cambió radicalmente, como a tantas viudas que ha dejado la banda terrorista ETA en más de cinco décadas de asesinatos. Primero tuvo que pasar por el trance de contarle a sus hijos lo que había pasado: "Tuve que decirles que papá, por ser buena persona y tratar de salvar la vida de otros, había dado la suya y estaba muerto. Les di la opción de ir a verle y despedirse de él, o quedarse en casa y guardar el recuerdo que tenían. Y con eso han crecido, con admiración y cariño hacia su padre y con la cabeza muy bien amueblada para no tener odio hacia los asesinos". Después vinieron las penurias económicas, comunes a tantas víctimas del terrorismo: "durante más de un año y medio, las autoridades no determinaron que lo que había ocurrido aquella noche en Elburgo fue un atentado terrorista". Por eso no pudo cobrar indemnización y sobrevivió económicamente con unos préstamos que le hizo la Guardia Civil. "Eso sí que tuve que devolverlo religiosamente..."