Guardias civiles asesinados por ETA

OCTUBRE: Guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA

José Luis Vazquez Platas; Avelino Palma Brioa; Angel Prado Mella, guardias civiles asesinados por ETA

IN MEMORIAM

Poco después de las cuatro de la tarde del sábado 4 de octubre de 1980 la banda terrorista ETA asesinaba en el centro de Salvatierra (Álava) al cabo AVELINO PALMA BRIOA, al agente ÁNGEL PRADO MELLA, y al cabo primero JOSÉ LUIS VÁZQUEZ PLATAS, minutos antes de que se iniciase la prueba ciclista que daba inicio a las fiestas patronales.

Para cometer este execrable crimen contaron con la inestimable ayuda de Ismael Arrieta Pérez de Mendiola, cura proetarra de Salvatierra que facilitó a la banda todos los datos sobre la participación de los tres motoristas de la Guardia Civil de Tráfico en la tradicional edición de la carrera ciclista que se celebraba en la localidad de Salvatierra. El cura de Salvatierra facilitó días antes del 4 de octubre a miembros de la banda los datos de la carrera –ubicación de los guardias civiles, horarios y recorrido- y el mismo día, minutos antes de que empezase la prueba, les indicó con la mano el lugar exacto en el que iban a estar los agentes.

La prueba ciclista, conocida como la carrera del Rosario, era el primer acto organizado de las fiestas, antes del lanzamiento del chupinazo, y tenía una gran tradición en la localidad alavesa de Salvatierra, población de unos 2.000 habitantes. Ese año se celebraba la XXVIII edición de la misma, en la que participaban medio centenar de corredores entre aficionados, cadetes e infantiles.

Hacia las 16:00 horas los participantes esperaban en la línea de salida a que diese comienzo la carrera. También estaban listos los tres guardias civiles de Tráfico que debían preceder a los ciclistas para abrirles paso y organizar el tráfico durante la celebración de la prueba. Dos de ellos estaban montados en las motos, mientras el cabo primero José Luis Vázquez Platas conversaba con el director de la carrera para ultimar los detalles de la misma. A las 16:06 horas miembros del grupo Araba de ETA, tras recibir las indicaciones del cura, se acercaron a Avelino Palma y Ángel Prado y los tirotearon hasta la muerte, mientras José Luis Vázquez intentó ocultarse bajo un vehículo, aunque fue inútil: los etarras fueron hacia él y lo tirotearon en el suelo. Avelino y Ángel también fueron rematados en el suelo.

Los asesinos huyeron en un vehículo Simca 1200 de color blanco, robado a punta de pistola en Vitoria dos días antes, que poco después fue encontrado en el puerto de Opacua, en la carretera comarcal de Salvatierra a Mesta. Desde primeras horas de la tarde la Guardia Civil estableció varios controles en la carretera nacional Madrid-Irún, en los alrededores de Salvatierra, tanto en dirección a Irún como a Vitoria, lo que provocó que se formaran largas caravanas de vehículos en los dos sentidos de circulación.

Los cuerpos sin vida de los guardias fueron trasladados al Hospital Militar de Vitoria donde a última hora de la noche del sábado 4 de octubre se les practicó la autopsia. Una vez finalizada, los féretros fueron conducidos al Salón del Trono del Gobierno Civil de Álava, donde se instaló la capilla ardiente. El funeral de cuerpo presente se celebró al día siguiente, domingo 5 de octubre, a las 13:30 horas, en la catedral de María Inmaculada, de Vitoria. Al final del acto, los cadáveres de los guardias civiles fueron trasladados a sus pueblos natales.

Durante la celebración del juicio en octubre de 2003, contra Ignacio Arakama Mendía, alias Makario, y el cura de Salvatierra (por entonces excura), Ismael Arrieta Pérez de Mendiola, la viuda de José Luis Vázquez Platas, Gema López Quintanal, acusó por su implicación en el crimen a María Luisa Murguiondo, entonces alcaldesa del pueblo, al cura Arrieta Pérez de Mendiola y a varios vecinos de la localidad. Gema López, que intervino en la primera sesión del juicio, explicó que cuando su marido fue asesinado, ella se encontraba en casa esperándole, por lo que fueron sus compañeros quienes le transmitieron sus sospechas sobre la complicidad del cura Arrieta, de la entonces alcaldesa -perteneciente a una coalición independiente apoyada por HB- y del director de la prueba ciclista con los integrantes del grupo Araba de ETA que cometieron este atentado. "La salida de la vuelta estaba prevista para las tres de la tarde y salió a las cuatro menos diez, y ellos les entretuvieron hasta que llegó el coche con los asesinos", sostuvo la viuda de Vázquez Platas. Para demostrar la estrecha relación del excura con Murguiondo, destacó que cuando Arrieta fue detenido días después del atentado "estaba en la cama con la alcaldesa". Relató, además, que cuando los terroristas dispararon contra los guardias civiles, su marido fue alcanzado sólo en un brazo, por lo que trató de esconderse detrás de un coche, pero en ese momento "la gente del pueblo gritó que quedaba uno vivo" y los etarras volvieron para rematarlo.

El fiscal sostuvo, además, que la participación del cura Arrieta fue "tan determinante" que sin ella "los hechos no podrían haberse desarrollado". El piadoso sacerdote ya había sido condenado anteriormente a año y medio de prisión por la Audiencia Nacional por colaboración con banda armada, acusado de trasladar a miembros liberados de la banda asesina ETA y de llevar mensajes a la dirección de la banda en Francia. Ismael Arrieta había sido puesto en libertad en enero de 1982. Fue detenido el 15 de octubre de 1980, y en la sentencia en la que fue condenado por colaboración se dejaba la puerta abierta para juzgarle por el triple asesinato de Salvatierra.

Según el escrito de acusación del fiscal, Ignacio Arakama Mendía, Makario, y José Lorenzo Ayestarán Legorburu; Félix Alberto López de Lacalle Gauna, Mobutu; José Manuel Aristimuño Mendizábal, Pana; Miguel Lopetegui Larrarte y Ascensión María Urrite Riallos, Txiki-Txiki, decidieron dar muerte a los guardias civiles que iban a dar protección y ordenar el tráfico con motivo de una carrera ciclista que iba a tener lugar en Salvatierra. Los días anteriores al 4 de octubre de 1980, día de las fiestas de Salvatierra, el cura Arrieta se entrevistó dos o tres veces con Ayestarán y Aristimuño y les comunicó el día y la hora a la que saldría la carrera. El mismo día de los hechos se encontró en la localidad alavesa con los dos citados y con López de Lacalle, señalándoles con la mano el punto concreto desde el que iba a salir la carrera y en el que se encontraban los guardias civiles, que era distinto al que inicialmente les había indicado. Mientras tanto, Arakama Mendía se encontraba a bordo de un Simca 1200 que habían sustraído a punta de pistola en Vitoria dos días antes. El acusado se quedó en el automóvil esperando con el motor en marcha, mientras que Lopetegui fue el encargado de cubrir el atentado, armado con una metralleta Uzi. Ayestarán, Aristimuño y López de Lacalle se acercaron a los guardias justo en el momento en el que se encontraban conversando con el organizador de la competición y les dispararon con las pistolas que portaban desde una distancia muy próxima. Aristimuño dio muerte al cabo primero José Vázquez Platas; Ayestarán hizo lo propio con el guardia Avelino Palma Brioa y López de Lacalle mató al guardia Ángel Prado Mella.

Finalmente, Arakama Mendía fue condenado a 61 años de prisión menor por colaborar en el asesinato de los tres guardias civiles, mientras que Arrieta Pérez de Mendiola lo fue a 30 años de prisión mayor como cómplice. En 2005 el Tribunal Supremo le rebajó la pena a Arrieta por dilación indebida en el proceso, dada la tardanza del Fiscal al interponer la denuncia contra el exsacerdote, pues no lo hizo hasta septiembre de 2000, cuando los hechos fueron cometidos en 1980. De esta forma, Arrieta vio reducida su pena en 12 años, siendo condenado a 6 años de cárcel por cada uno de los asesinatos.

José Lorenzo Ayestarán Legorburu, alias Basari y Fanecas, autor material del asesinato de Avelino Palma Brioa, fue detenido en Francia en marzo de 2010. Fue uno de los etarras que, en su momento, se benefició de la Ley de Amnistía de 1977, lo que no impidió que se reintegrase inmediatamente en la banda asesina. Entre 1978 y 1983 fue responsable de diez asesinatos, un secuestro y una decena de atentados. En 1984 fue detenido en Francia y deportado a Venezuela. En 1996 el Gobierno español pidió su extradición, cosa que Venezuela no sólo no concedió, sino que en 2006 el Gobierno presidido por Hugo Chávez estuvo a punto de concederle la nacionalidad venezolana. En los últimos años habría vuelto a integrarse en las filas de ETA y a ocupar cargos de confianza dentro de la banda. En febrero de 2011 la justicia francesa autorizó la extradición a España de Ayestarán Legorburu para que fuese juzgado, entre otros, por el asesinato de los tres guardias civiles en Salvatierra.

Félix Alberto López de Lacalle Gauna, Mobutu, autor material del asesinato de Ángel Prado Mella, fue detenido por segunda vez en Francia el 2 de abril de 2004, y juzgado en este país en enero de 2010. Durante su comparecencia ante el Tribunal de lo Criminal de París declaró sentirse orgulloso de pertenecer a ETA. Anteriormente, en 1994, el etarra había sido detenido y condenado por asociación de malhechores, saliendo de la cárcel en julio de 2000. Desde entonces, Mobutu había permanecido bajo vigilancia policial en el departamento de Creuse, en las cercanías de la capital francesa. Sin embargo, Mobutu huyó del hotel donde estaba en residencia vigilada cuando estaba a la espera de ser expulsado a España. En septiembre de 2005 el Tribunal de Apelación de París rechazó la demanda de extradición presentada por España contra el histórico dirigente etarra por el asesinato de los tres guardias civiles en Salvatierra por prescripción del caso según el derecho francés.

El tercer autor material del atentado, José Manuel Aristimuño Mendizábal, Pana, que asesinó personalmente al cabo primero José Vázquez Platas, resultó muerto en 1981 en un enfrentamiento con la Policía, en una operación en la que fue detenido Miguel Lopetegui Larrarte, también participante en el triple asesinato de Salvatierra. Lopetegui se suicidó en su celda de la cárcel de Herrera de la Mancha en marzo de 1988. Por último, Ascensión María Urrate Riallos, huido en Sudamérica durante muchos años, solicitó en 1994 volver a España, aquejado de un cáncer terminal. Llegó procedente de México en octubre de 1994, acompañado de su mujer y un hermano, falleciendo al mes siguiente.

Avelino Palma Brioa cabo de la Guardia Civil, tenía 31 años. Estaba casado y tenía dos hijos de 2 y 3 años. Cuando estuvo destinado en San Sebastián se vio involucrado en un tiroteo con miembros de ETA que habían atacado una antena de comunicaciones en el monte Igueldo. Avelino, que se encargaba de la protección de la misma, resultó ileso, aunque dos compañeros resultaron heridos. La reacción de Avelino fue lo que provocó la huida de los terroristas, y esta actuación le valió su ascenso a cabo. Posteriormente fue destinado a Burgos, pero pidió el traslado voluntario a Álava para poder cobrar el plus de dieciséis mil pesetas que recibían los guardias civiles destinados en el País Vasco.

Ángel Prado Mella, guardia civil de 26 años y soltero, era natural de Sobrado de los Monjes (La Coruña). Se había incorporado a la comandancia de Álava en septiembre de 1980, un mes antes de ser asesinado.

José Luis Vázquez Platas, cabo primero de la Guardia Civil de 31 años, llevaba dos años destinado en Álava. Estaba casado desde el 10 de mayo de 1980, cinco meses antes de ser asesinado, tras cinco años de noviazgo. Su esposase encontraba embarazada de su primer hijo, una niña, cuando asesinaron a José Luis. El 4 de octubre de 1980 era sábado y a José Luis Vázquez le tocaba librar del servicio, pero a última hora le avisaron de que tenía que suplir a un compañero. "Comimos juntos y se incorporó al trabajo a las tres de la tarde. Una hora y cuarto después, se producía el atentado", contó su viuda. Estaba en casa cuando oyó unas sirenas, pero no le dio mayor importancia hasta que sonó el timbre de su puerta. Al abrir y ver a dos compañeros de su marido, entre ellos al que había sustituido ese día, no necesitó más comentarios.

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ESTEBAN MALDONADO LLORENTE, JESÚS PASCUAL MARTÍN y JUAN MORENO CHAMORRO, guardias civiles asesinados por ETA, 5 de octubre de 1975

IN MEMORIAM

A las 13:45 horas del domingo 5 de octubre de 1975 la banda terrorista ETA asesinaba a los guardias civiles ESTEBAN MALDONADO LLORENTE, JESÚS PASCUAL MARTÍN y JUAN MORENO CHAMORRO haciendo explotar una carga compuesta por dinamita y unos trescientos tornillos al paso del Land Rover en el que los agentes regresaban al cuartel desde el santuario de Aránzazu, cerca de Oñate (Guipúzcoa).

La mañana de ese domingo una patrulla de guardias civiles, al mando del cabo José Gómez Castillo, y con Juan García Lorente como conductor, fue enviada desde el puesto de Mondragón (Guipúzcoa) hasta el santuario de Nuestra Señora de Aránzazu para retirar una ikurriña, cuyo despliegue estaba en esos momentos prohibido. Los guardias civiles inspeccionaron la zona, ante el temor de que la bandera tuviera conectada algún explosivo, pero sólo estaba unida a un paquete con arena, por lo que procedieron a retirarla y emprendieron el regreso al puesto de Mondragón.

A un kilómetro del santuario la banda terrorista ETA había escondido, en un talud a la derecha de la carretera, una potente bomba, señalada con una marca roja para poder activar el artefacto cuando el Land Rover de la Guardia Civil se encontrase sobre el mismo. El artefacto fue accionado con un mando a distancia y alcanzó de lleno al vehículo de la Guardia Civil, que salió despedido a unos veinte metros de distancia, dando varias vueltas de campana. Esteban Maldonado Llorente, Jesús Pascual Martín y Juan Moreno Chamorro murieron en el acto y sus cuerpos quedaron totalmente destrozados, dos de ellos tendidos en la carretera y el tercero en una cuneta. Resultaron gravemente heridos el cabo José Gómez Castillo, de 29 años, casado, con un hijo, y el conductor Juan García Lorente, de 27 años, soltero.

Los primeros en llegar al escenario del crimen fueron varios padres franciscanos que procedían de Oñate y se dirigían al santuario. Los guardias fallecidos fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Mondragón, al cual estaban adscritos, donde se instaló la capilla ardiente, y los heridos fueron llevados al Hospital de Cruces de Baracaldo.

El 10 de octubre la banda terrorista ETA reivindicaba el atentado a través de un comunicado enviado a medios de comunicación de París.

Esteban Maldonado Llorente había nacido el 3 de enero de 1955. Tenía 20 años y estaba soltero. Destinado en el puesto de la Guardia Civil en Mondragón, sus restos mortales se enterraron en Almería, ya que parte de su niñez la había pasado en el Cabo de Gata, donde su padre, también guardia civil, igual que otro hermano, había estado destinado.

Jesús Pascual Martín había nacido el 2 de junio de 1950, por lo que tenía 25 años cuando fue asesinado, estaba soltero y hacía ocho meses, en febrero de 1975, que había ingresado en la Guardia Civil, nada más terminar el servicio militar. Su primer y único destino fue el puesto de Mondragón. Ese día no le tocaba estar de servicio, pero lo cambió para hacer un favor a un compañero.

Juan Moreno Chamorro había nacido el 8 de mayo de 1949, tenía 26 años, estaba casado y era padre de tres hijos. Estaba destinado en el puesto de la Guardia Civil en Mondragón, igual que sus dos compañeros asesinados.

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Antonio Hernández Fernández y Angel Segura Navarrón, guardias civiles asesinados por ETA, el 8 de octubre de 1977

IN MEMORIAM

Hacia las 13:00 horas del sábado 8 de octubre de 1977 la banda terrorista ETA asesinaba en Guernica disparando varias ráfagas de metralleta al presidente de la Diputación de Vizcaya, AUGUSTO UNCETA BARRENECHEA, y a los guardias civiles ANTONIO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-SEGURA y ÁNGEL RIVERA NAVARRÓN, que formaban parte de su escolta.

Como todos los sábados a la misma hora, Augusto Unceta se dirigía a jugar un partido de pala con unos amigos al frontón Jai Alai de Guernica, tras haber estado en la fábrica de armas Astra, Unceta y Cía. fundada por su padre. Al llegar al mismo, estacionó su vehículo en un aparcamiento próximo, mientras que los dos guardias de su escolta, que viajaban en otro vehículo, se detuvieron un poco más adelante. En el momento en que abrió el maletero para coger la bolsa con su ropa de deporte, recibió un primer impacto de bala en la cabeza, al que siguió una ráfaga de ametralladora. Fue acribillado a tiros, recibiendo once impactos de bala que le causaron la muerte en el acto.

Sus escoltas dieron marcha atrás para repeler la agresión, pero chocaron con otro turismo ocupado por tres personas. Antonio Rivera y Ángel Fernández fueron tiroteados por los terroristas desde el Seat 1430 con el que se habían desplazado hasta el frontón y en el que habían estado esperando la llegada del presidente de la Diputación. Los dos agentes consiguieron salir del vehículo y uno de ellos llegó a sacar su pistola, pero no pudo responder al fuego de los terroristas. Antonio Rivera recibió diecisiete impactos de bala, mientras que Ángel Fernández fue alcanzado por doce.

Este atentado se producía a las pocas horas de que ETA militar declarara a Radio Popular de Bilbao que "las movilizaciones populares y la lucha armada, continuaban siendo necesarias exactamente igual que hasta ahora, en tanto no se consiga la alternativa política que en su momento hizo pública KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista)", que contemplaba el proceso autonómico como el paso previo para llegar a la autodeterminación e implantar en el País Vasco un Estado socialista independiente. El atentado, reivindicado por la banda terrorista ETA a través de varias llamadas a medios de comunicación de Bilbao, supuso el inicio de una ofensiva de la rama ETA militar, que se había visto reforzada con la fusión de los grupos especiales, conocidos como Bereziak, procedentes de ETA político-militar.

Augusto Unceta había recibido en el año previo a su asesinato varias cartas de amenaza de ETA, donde se le decía que iba a morir a balazos disparados por miembros de la banda. En las semanas previas, estas cartas se habían repetido cada vez con mayor frecuencia e, incluso, se le había exigido el pago del llamado "impuesto revolucionario", que la víctima se negó a abonar. Las cartas amenazantes se intensificaron a raíz de que la Diputación de Vizcaya, con el consenso de todos los diputados, se hubiera opuesto a colocar la ikurriña, motivo por el que se enfrentó con el ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa. El Ministerio de Interior le había asignado escolta desde que un año antes se produjo el asesinato del presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María Araluce Villar. El último acto oficial al que asistió Unceta fue, precisamente, una misa por el primer aniversario del asesinato de Araluce.

El asesinato de Unceta y sus escoltas provocó una repulsa general. El PCE calificó el acto de vil asesinato y el PNV de "acto negativo en el avance el pueblo vasco hacia la conquista de sus derechos" considerando que sólo favorecía a quienes querían desestabilizar el proceso político.

Antonio Hernández Fernández-Segura tenía 23 años. Estaba casado y era padre de un niño de seis meses. Ingresó en la Guardia Civil el 17 de febrero de 1975 y llevaba muy poco tiempo destinado en Guernica.

Ángel Rivera Navarrón, estaba soltero. Había ingresado en el Cuerpo el 16 de diciembre de 1976, destinado al Servicio de Información.

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Anselmo Durán Vidal y Ángel Pacheco Pata, asesinados por ETA el 9 de octubre de 1978 y José Jiménez Mayoral, asesinado por ETA el 9 de octubre de 1982

IN MEMORIAM

Asesinado por ETA el 9 de octubre de 1978

Hacia las seis y cinco de la tarde del día 9 de octubre de 1978 cuatro miembros de la banda terrorista ETA ametrallaban en Elgóibar (Guipúzcoa) al cabo primero de la Guardia Civil ANSELMO DURÁN VIDAL. Sobre las 18:00 horas, Anselmo Durán salió vestido de paisano del cuartel de la Guardia Civil para dirigirse al centro del pueblo. Atravesó un puente sobre el ferrocarril de vía estrecha Bilbao-San Sebastián y descendió por las escaleras hasta la calle. En ese momento fue ametrallado desde un automóvil Ford Fiesta de color gris metalizado que estaba estacionado en las cercanías. En el interior del vehículo había cuatro terroristas que, seguidamente, se dieron a la fuga.

El cabo primero permaneció en el suelo sobre un gran charco de sangre hasta que fue recogido por un Land Rover que procedía del cuartel de la Guardia Civil. Una de las primeras personas que se acercó al herido fue su hijo Luis, de 13 años. Al ver a su padre acribillado a balazos y ensangrentado, se echó a llorar desconsoladamente y subió corriendo al acuartelamiento, situado a unos cien metros del lugar del crimen.

Anselmo Durán fue atendido inicialmente en el ambulatorio de Elgóibar, pero a la vista de la gravedad de sus heridas –había recibido ocho impactos de bala– se le trasladó de inmediato a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián, donde ingresó cadáver. En el parte médico difundido inmediatamente después de su fallecimiento se podía leer: "Don Anselmo Durán Vidal, que llega cadáver a este centro por lesiones producidas por arma de fuego, presenta un impacto de bala a nivel del maxilar superior derecho, que atraviesa al maxilar superior izquierdo, con destrucción de la bóveda de la boca. Impacto en parte superior de hemitórax derecho (en primer espacio con salida posterior a nivel de omoplato). Fractura de húmero derecho por impacto de bala. Impacto de bala a nivel de biceps izquierdo con orificio de entrada y salida afectando a masa muscular. Impacto de bala a nivel de muñeca izquierda, tabaquera anatómica, con salida en dorso de mano, con fractura del cuarto metacarpiano. Impacto de bala en región de cresta illácea, con salida en región inguinal izquierda. Impacto de bala en muslo derecho, con fractura de fémur y salida a nivel de cara interna de parte inferior de muslo. Erosión en brazo izquierdo por bala". Había sido literalmente cosido a balazos.

El atentado fue reivindicado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) a través de una llamada telefónica al diario Egin el mismo día del atentado. En la llamada advertían, también, de que habían dejado atado en un barrio de Éibar al propietario del vehículo con el que habían cometido el asesinato, y que el automóvil lo habían abandonado en Marquina, en el que horas después asesinarían al también guardia civil Ángel Pacheco Pata.

El 15 de noviembre de 1978 se produjo en Mondragón un enfrentamiento entre la Guardia Civil y miembros de los Comandos Autónomos, después de que estos ametrallaran la casa-cuartel de Arechavaleta. En el enfrentamiento resultaron muertos los etarras José María Iturrioz Garmendia y Roberto Aramburu Uribarren, y herido Enrique Zurutuza Odriozola. Iturrioz Garmendia tenía en su poder una pistola Browning que había utilizado para asesinar a Anselmo Durán y a Aurelio Salgueiro López el 28 de agosto de 1978. En el enfrentamiento también resultó muerta una vecina de Mondragón, Emilia Larrea Sáez de Adacia.

Anselmo Durán Vidal estaba casado y tenía seis hijos, de edades comprendidas entre los 19 y los 3 años. Tenía 40 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Desde 1973 prestaba sus servicios en el cuartel de la Guardia Civil de Elgóibar, donde se encargaba de la intervención de armas.

Hacia las 20:45 horas del mismo día 9 de octubre de 1978, tres horas después del atentado que costó la vida a Anselmo Durán, la banda terrorista ETA asesinaba en Marquina (Vizcaya) al guardia civil ÁNGEL PACHECO PATA. Tras el asesinato de Anselmo Durán, la Guardia Civil había establecido diversos controles de carretera para intentar detener a los autores del atentado. Uno de ellos estaba en el Alto de San Miguel, en Marquina, en una carretera secundaria que conducía a Elgóibar. Hacía las 20:45 un coche se acercó al control con las luces apagadas y, al toparse con los agentes, bordearon la carretera y desde un lugar próximo abrieron fuego contra los agentes, dándose a la fuga a continuación. Los disparos alcanzaron al guardia civil Ángel Pacheco, que resultó muerto prácticamente en el acto al recibir el impacto de dos balas que le atravesaron el vientre. Trasladado inmediatamente a la Casa de Socorro de Marquina no se pudo hacer nada por salvar su vida. La capilla ardiente se instaló, posteriormente, en el Cuartel de La Salve en Bilbao.

Los terroristas eran miembros del grupo Araba de ETA que se habían desplazado a Vizcaya y se encontraron accidentalmente con el dispositivo de la Guardia Civil. Tras el asesinato de Ángel Pacheco, uno de los agentes salió en persecución de los terroristas, localizando posteriormente el vehículo abandonado, por lo que los etarras habrían continuado su huida a pie. Se organizaron varias batidas por los alrededores, pero no se pudo localizar a los terroristas.

En el asesinato de Ángel Pacheco estuvo presuntamente implicado Ángel Iturbe Abasolo, alias Ikula, hermano del fallecido Txomin Iturbe Abasolo, máximo dirigente de ETA. Fue detenido en Francia en enero de 1979 y confinado en el suroeste del país, pero volvió a España dos meses después con intención de reincorporarse al grupo Araba de ETA. En esta nueva etapa, no participó en atentados y regresó a Francia, donde volvió a ser detenido en abril de 1986. El 20 de junio de 1987 fue detenido en la localidad francesa de Biarritz, pero le dejaron en libertad a las dos horas. El 28 de octubre fue detenido nuevamente en la localidad vasco-francesa y deportado a Argelia, donde, tras permanecer dos años, fue expulsado a la República Dominicana el 18 de abril de 1989. Está reclamado en España por varios actos delictivos relacionados con el asesinato en Vitoria de los policías Joaquín Ramos Gómez y Miguel Ángel Raya Aguilar el 5 de marzo de 1978, y por el asesinato en Marquina (Vizcaya) el 9 de octubre de ese mismo año de los guardias civiles Ángel Pachecho Pata y, según algunas fuentes, Anselmo Durán Vidal. Iturbe fue detenido finalmente en junio de 2006, en una operación conjunta de las policías española y francesa contra la red de extorsión de ETA encargada de recaudar el llamado impuesto revolucionario. Entre los doce terroristas, además de Iturbe Abasolo, figuraba Julen Madariaga, uno de los fundadores de la banda asesina. En octubre de 2008 Iturbe Abasolo aparece como imputado en el sumario instruido por el juez Baltasar Garzón contra la red de extorsión de la banda del Bar Faisán.

Ángel Pacheco Pata tenía 20 años y estaba soltero. Llevaba dos meses destinado en Bilbao.

Tras el asesinato en apenas unas horas de los dos guardias civiles, la práctica totalidad de los partidos políticos del País Vasco convocaron, a instancias del Partido Nacionalista Vasco (PNV), una manifestación contra el terrorismo para el 28 de octubre. Fue uno de los primeros actos multitudinarios contra la banda terrorista ETA que se celebraron en el País Vasco.

A las 18:50 horas del 9 de octubre de 1982 la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Irún a JOSÉ JIMÉNEZ MAYORAL, capitán retirado de la Guardia Civil y jefe de la oficina de expedición de la Carta Verde, seguro internacional obligatorio para los vehículos que cruzaran la frontera, en el puesto de Behobia.

José Jiménez, una vez que acabó su trabajo, se dirigió andando hasta la parada del autobús para regresar a su domicilio en Irún. Dos terroristas se acercaron a él y le dispararon por la espalda a quemarropa. A continuación emprendieron la huida en un vehículo a cuyo volante se encontraba un tercer terrorista, no sin antes haber encañonado a dos transeúntes que acudían al lugar, obligándoles a poner las manos en alto. El coche utilizado para cometer el atentado había sido robado horas antes en San Sebastián a un taxista, tenía matrícula falsa y fue localizado poco después por la Policía a un kilómetro y medio, en el polígono Arbés de la misma ciudad.

Los disparos, efectuados con armas cortas, alcanzaron a la víctima a la altura de un ojo y en la tráquea. Jiménez Mayoral murió casi en el acto, pese a los esfuerzos de un equipo de la Cruz Roja de un puesto cercano al lugar de los hechos. La Policía encontró dos casquillos del calibre 9 milímetros parabellum marca SN. Su esposa, Celia Bech, acudió al lugar poco después del atentado, ignorando que José Jiménez había sido asesinado. La confirmación de la noticia provocó en la mujer una fuerte crisis nerviosa y tuvo que ser trasladada en una ambulancia de la Cruz Roja, pese a su intención de ver el rostro del cadáver de su marido que permanecía tumbado en la acera, cubierto con una sábana ensangrentada. Celia Bech trabajaba en la Oficina de Turismo de Behobia, según informó ABC en su edición del 10 de octubre de 1982.

Horas antes del atentado, en su primer mitin electoral, el presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea había descalificado como miembros del pueblo vasco a todos los que practicaban la violencia. De forma muy desafortunada, Garaikoetxea comparó estos atentados con los fusilamientos de militantes nacionalistas en la posguerra, y añadió: "Sentimos también el dolor de estas mujeres jóvenes que lloran amargamente mientras se aferran a los cuerpos sin vida de sus maridos policías. Hay que reconstruir este país también en sus principios, hay que regenerar la moral en base a tres principios fundamentales: la tolerancia, la no agresividad, y el respeto a la vida".

El funeral por José Jiménez Mayoral se celebró el 10 de octubre en San Sebastián, con asistencia del delegado del Gobierno en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja; el general jefe de la V Zona de la Guardia Civil, Rodríguez Mendel, y los gobernadores civil y militar de la provincia, además de representantes del PNV, PSE-PSOE, UCD y AP, y mandos militares de los tres Ejércitos y cargos policiales.

En 1985 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Zabarte Arregui, miembro del grupo Donosti de ETA, a la pena de 29 años de prisión mayor por el asesinato de José Jiménez Mayoral.

José Jiménez Mayoral, de 67 años, estaba casado y era padre de tres hijos, dos solteros y una casada. Había sido jefe de la Guardia Civil de Irún antes de pasar a la situación de retiro. Fue enterrado en Sevilla, donde residía su hija mayor.

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Ángel Flores Jiménez, guardia civil asesinado por ETA el 13 de octubre de 1983

IN MEMORIAM

A las 14:30 horas del 13 de octubre de 1983, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Rentería al guardia civil ÁNGEL FLORES JIMÉNEZ. A esa hora el agente se dirigía a su casa para comer. Cuando descendía de su coche, sin uniforme y desarmado, dos terroristas a cara descubierta le dispararon a bocajarro, alcanzándole tres disparos, uno de ellos en el cuello que le provocó la muerte en el acto. Los pistoleros huyeron a continuación en un vehículo estacionado en las inmediaciones, a cuyo volante esperaba, a cara descubierta, un tercer individuo. En el lugar de los hechos se recogieron tres casquillos del calibre 9 milímetros parabellum.

El vehículo utilizado para cometer el atentado, un Seat 131, había sido robado a punta de pistola una hora antes en Oyarzun por varios individuos armados, y fue localizado horas más tarde en la calle de Pablo Iglesias, en las proximidades de la estación de Rentería. Su propietario fue encontrado atado a un árbol en el monte San Marcos, en las inmediaciones del barrio de Galzaraborda. Una vez liberado por fuerzas de las UAR (Unidad Antiterrorista Rural de la Guardia Civil) a las tres menos diez de la tarde, el dueño del coche manifestó haber sido secuestrado a las 13:30 horas a la salida de su vivienda, en Oyarzun, por un joven armado que dijo pertenecer a ETA, al que luego se le sumaron dos o tres individuos más. Le sustrajeron el DNI, advirtiéndole de que no debía denunciar el hecho cuando fuese liberado.

El cadáver del guardia civil asesinado fue trasladado inicialmente al cementerio donostiarra de Polloe y, más tarde, al Salón del Trono del Gobierno Civil, donde quedó instalada la capilla ardiente.

Al mediodía del día siguiente, 14 de octubre, se celebró en Rentería el funeral por el alma de Ángel Flores con la asistencia de cientos de personas, en su mayoría vecinos del barrio. Las características del barrio de Beraun hizo que la presencia ciudadana en el funeral fuese muy superior a lo habitual en Guipúzcoa cuando la banda asesinaba a un miembro de las fuerzas de orden público. Beraun era un barrio de población emigrante, donde el PSE-PSOE tenía un gran caladero de votos, lo que le permitió hacerse con la alcaldía de la localidad. Terminada la ceremonia religiosa, el ministro Barrionuevo se dirigió a voz en grito a los ciudadanos con vivas a España, al pueblo vasco, al Rey, a la Constitución, a la Guardia Civil y a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que fueron contestadas por el numeroso público asistente.

En el funeral estuvieron también presentes el director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete, el viceconsejero de Interior del Gobierno Vasco, Eli Galdós, el director general de la Policía, Rafael del Río, y mandos militares de los tres Ejércitos, Finalizada la ceremonia José Barrionuevo recorrió las calles del centro de la localidad acompañado por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, y los gobernadores de Guipúzcoa y Vizcaya, Julen Elorriaga y Julián Sancristóbal. En su recorrido se dirigieron a pie al lugar del atentado, donde un sacerdote rezó un padre nuestro entre la expectación del vecindario de Beraun.

El asesinato de Ángel Flores se produjo cuando acababa de expirar el plazo dado por un sector de ETA político militar para que fuera "desalojado todo el personal civil de los cuarteles ubicados en cualquier lugar del Estado español o de Euskadi". El director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, declaró tras el atentado que se habían tomado medidas excepcionales, reforzando y ampliando la vigilancia de las instalaciones amenazadas por el ultimátum de ETA.

En 1985 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Zabarte Arregui, jefe del grupo Donosti de ETA, a un total de 32 años de cárcel por el asesinato de Ángel Flores. Zabarte Aguirre fue detenido en junio de 1984 en una operación en la que resultaron muertos los etarras Agustín Arregui Perurena, alias Txurrilla, y Juan Luis Elorriaga, Patxi.

Ángel Flores Jiménez, de 44 años, estaba casado y tenía cinco hijos, con edades comprendidas entre los 22 y los 10 años. Estaba destinado en el Servicio de Intervención Fiscal de la Estación Norte de Irún. Durante dieciocho años estuvo destinado en Pasajes. Ángel era muy conocido en su barrio, Beraun, y estaba perfectamente integrado en Guipúzcoa, donde residía desde veinte años antes.

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Alberto Villena Castillo, guardia civil, asesinado por ETA, 14 de octubre de 1978

IN MEMORIAM

A las nueve y media de la noche del 14 de octubre de 1978, cuatro pistoleros de la banda terrorista ETA asesinaban en Lequeitio (Vizcaya) al guardia civil ALBERTO VILLENA CASTILLO. La víctima fue ametrallada desde un vehículo cuando paseaba por los muelles portuarios de la localidad vizcaína, muy cerca del puesto de especialistas fiscales de la Guardia Civil en el que estaba destinado.
Alberto Villena fue alcanzado por cinco disparos, uno de ellos muy cerca del corazón, efectuados desde un Simca 1200 en marcha ocupado por cuatro terroristas. Trasladado inicialmente al cuartel de la Guardia Civil para recibir los primeros auxilios, de ahí fue llevado al ambulatorio de la Seguridad Social, donde ingresó cadáver. Los terroristas huyeron en dirección a Guernica, donde abandonaron el vehículo y continuaron la fuga en un Seat 127 matrícula de San Sebastián.
Al día siguiente se celebró el funeral en Vitoria con la única asistencia de sus familiares, compañeros de la Guardia Civil y algunas autoridades.
El 16 de octubre, en un breve comunicado hecho llegar a distintos medios de comunicación, la banda terrorista ETA reivindicaba el atentado afirmando que "ya no basta con gritar que se vayan". En el mismo explicaba que su "lucha armada" se dirigía a complementar, de una forma organizada, la movilización popular.
Alberto Villena Castillo tenía 27 años. Era natural de El Padul (Granada), estaba casado y tenía una hija de 2 años, Encarna. Llevaba tres años destinado en Lequeitio, en el cargo de especialista en la vigilancia de costas con la misión de controlar el contrabando que pudiera ser introducido a través del puerto.

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Jose Reyes Corchado Muñoz, guardia civil, asesinado por ETA. 15 de octubre de 1983

IN MEMORIAM

A las once de la noche del sábado 15 de octubre de 1983, la banda terrorista ETA asesinaba en Oñate (Guipúzcoa) al guardia civil JOSÉ REYES CORCHADO MUÑOZ mediante la activación a distancia de una carga explosiva escondida junto a un muro. La víctima formaba parte de una patrulla de tres vehículos de la Guardia Civil que había salido del cuartel de Arechavaleta para realizar un servicio de vigilancia. Al pasar por el barrio de Zubillaga de la localidad guipuzcoana de Oñate, miembros de la banda terrorista ETA activaron la carga explosiva, que era del tipo hornillo. La explosión alcanzó de lleno al primer vehículo del convoy, matando casi en el acto a José Reyes Corchado e hiriendo levemente al cabo primero Antonio Ramos Ramírez. Este último sería asesinado tres años más tarde en otro atentado de la banda terrorista ETA en Mondragón el 8 de junio de 1986, en el que el cabo primero fue ametrallado cuando se dirigía a su vehículo particular después de estar en un bar de la localidad. El guardia civil que conducía el vehículo, Francisco Borjas Reinoso -natural de la localidad de Huevar de Aljarafe (Sevilla), de 36 años de edad, casado y padre de dos hijos-, resulto ileso. José Reyes Corchado iba en la parte posterior del vehículo y se vio afectado, sobre todo, por los tornillos que la banda terrorista había colocado junto a los dos kilos de Goma 2 del artefacto explosivo y por las piedras que salieron disparadas como proyectiles, que le provocaron una fractura de cráneo. Los guardias civiles que ocupaban los otros dos vehículos atendieron a sus compañeros y los trasladaron a distintos centros sanitarios. Antonio Ramos fue atendido en el Hospital del Alto Deba en Mondragón, mientras que José Reyes Corchado ingresó cadáver en el Hospital Comarcal de Oñate. Hasta ahí se trasladó el viceconsejero de Interior del Gobierno vasco, Eli Galdós, que también era alcalde en esa localidad. José Reyes Corchado Muñoz, de 28 años, hacía poco más de un año que había ingresado en la Guardia Civil. Estaba casado. Cuando le destinaron a Oñate (Guipúzcoa) él se fue en 'avanzadilla' y su familia se quedó en Badajoz. El matrimonio tenía dos hijas, de 1 y 2 años cuando asesinaron a José.

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Julio Gangoso Otero, guardia civil asesinado por ETA el 16 de octubre de 1988

IN MEMORIAM

A las once menos cuarto de la noche del 16 de octubre de 1988, un coche-bomba colocado por la banda terrorista ETA en Pamplona provocaba la muerte del guardia civil JULIO GANGOSO OTERO y hería gravemente a otros siete agentes. El convoy estaba formado por una tanqueta y un Land Rover ocupados por una docena de agentes del Instituto Armado. Los guardias civiles regresaban de prestar servicio de vigilancia en el Centro Penitenciario de Pamplona cuando en la calle Larraina una furgoneta-bomba, con treinta kilos de explosivos y cuarenta de metralla aparcada en doble fila, fue activada mediante un mando a distancia en el momento en el que la tanqueta de la Guardia Civil se encontraba a su lado.

La tanqueta fue alcanzada de lleno y desviada contra un árbol del lateral de la calzada, provocando la muerte de Julio Gangoso y heridas de gravedad a los otros siete ocupantes, todos ellos jovencísimos guardias civiles: Vicente Ollero Montes, de 21 años; Francisco Javier Montoya Martínez, de 21 años; Rafael Checa Bermúdez, de 21 años; Paulino Parrilla Galdón, de 23 años; Ángel Segura Coto, de 22 años; Felipe Luis Cruz Ávila, de 21 años; y José Luis Alonso Gaona, de 24 años.

El Land Rover que formaba parte del convoy resultó intacto y sus cuatro ocupantes, ilesos. La explosión del coche-bomba alcanzó, además, a otros quince vehículos próximos, varios de los cuales quedaron completamente destrozados, y provocó la rotura de cristales y graves desperfectos materiales en diversos edificios.

La furgoneta utilizada en el atentado había sido robada en Basauri (Vizcaya) por miembros de la banda que dejaron a su propietario y a un acompañante atados a un árbol. Con la furgoneta, los terroristas se dirigieron al puerto navarro de Echauri, donde robaron otro vehículo, dejando también a su dueño amarrado a un árbol. Con este vehículo huyeron los asesinos de la banda una vez que activaron la furgoneta-bomba.

ETA se atribuyó la autoría del atentado el mismo día mediante una llamada telefónica a la Asociación de Ayuda en Carretera Detente y Ayuda (DYA) de Navarra. El comunicante señaló también que tres personas se encontraban atadas a unos árboles cerca de la localidad de Estella.

Por expreso deseo del alcalde de Pamplona, Javier Chourraut, la capilla ardiente se instaló en el Ayuntamiento, siendo la primera vez que esto se hacía con una víctima del terrorismo. Allí, su viuda murmuraba en voz alta "si saliste de casa y no vas a volver, ¿cómo les digo yo a los niños dónde estás ahora? Dios mío, qué malos, cómo me han podido hacer esto...".

Julio Gangoso Otero tenía 31 años, estaba casado y tenía dos hijos de 7 y 2 años.

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EDUARDO SOBRINO GONZÁLEZ y JUAN CARLOS TRUJILLO GARCÍA, guardias civiles asesinados por ETA, el 23 de octubre de 1991

IN MEMORIAM

Hacia las 23:30 horas del 23 de octubre de 1991 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en un bar de San Sebastián a los guardias civiles EDUARDO SOBRINO GONZÁLEZ y JUAN CARLOS TRUJILLO GARCÍA. Los agentes se encontraban apurando un café en el Bar El Puente, en el barrio de Eguía de la capital donostiarra, un local frecuentado por miembros de la Benemérita destinados en el cuartel de Inchaurrondo. En ese momento, dos miembros de la banda les tirotearon por la espalda a través de las cristaleras que separan el bar de la calle del Río Deba, después de haber roto con las culatas de sus armas los cristales.

La bandera de San Sebastián ondeó al día siguiente a media asta en el balcón del Ayuntamiento donostiarra en cumplimiento de un bando que había promulgado el alcalde Odón Elorza, el día 18 de octubre. Al día siguiente de los salvajes atentados de Madrid el 17 de octubre, que provocaron la muerte del teniente de Artillería Francisco Carballar Muñoz y heridas gravísimas con mutilación de miembros a María Jesús González y a su hija Irene Villa, y al comandante de Infantería Rafael Villalobos, el alcalde Elorza dispuso que la bandera ondeara a media asta "como demostración ante el resto de España y Europa de nuestra oposición frontal al terrorismo de ETA y a cualquier acto de violencia". En el mismo barrio en el que fueron asesinados Eduardo Sobrino y Juan Carlos Trujillo, ETA había cometido el 16 de marzo de ese mismo año 1991 otro atentado en el que resultó muerto el guardia civil Luis Aragó Guillén.

Eduardo Sobrino y Juan Carlos Trujillo desempeñaban funciones de vigilancia de edificios públicos como miembros de la Unidad Núcleo de Servicios. El sacerdote Bartolomé Auzmendi, que ofició el funeral oficial el 24 de octubre en la parroquia de la Sagrada Familia de San Sebastián, provocó malestar e indignación al utilizar el vasco, además del español, entre los familiares de Eduardo y Juan Carlos que se desplazaron desde Vigo y Castro Urdiales respectivamente. "Ni los familiares que han venido de Castro Urdiales y de Vigo, ni el resto de nosotros entiende el vasco" señaló uno de los asistentes (El Diario Vasco, 25/10/1991). Un grupo de personas que asistía a la ceremonia religiosa en la Iglesia de la Sagrada Familia abandonó el templo en el momento en que el oficiante comenzó a hablar en euskera (El País, 25/10/1991).

Ese mismo día, miles de personas (diecisiete mil según los organizadores) se concentraron silenciosamente en diversas localidades del País Vasco y Navarra, siguiendo la convocatoria de Gesto por la Paz para protestar por el asesinato de los dos guardias civiles.

En agosto de 2008 Francia entregó temporalmente al asesino de la banda Juan Antonio Olarra Guridi, alias Juanvi, Jon, Jokin y Fede. Entre otros muchos asesinatos, en los que unas veces actuó como cerebro dando las órdenes y otras como ejecutor, se le considera presunto autor material del atentado que acabó con la vida de Eduardo Sobrino y Juan Carlos Trujillo. Anteriormente fue también entregado a España temporalmente en 2006, y posteriormente en agosto de 2010 para rendir cuentas ante la justicia de nuestro país. El etarra acumula penas que suman cerca de 1.400 años de cárcel por su participación en múltiples asesinatos.

Eduardo Sobrino González, de 34 años y soltero, era natural de Vigo (Pontevedra) y llevaba catorce años destinado en Guipúzcoa. Su padre también fue guardia civil, aunque ya estaba retirado. Cuatro mil personas asistieron al entierro de Eduardo en su ciudad natal. A la misa previa, celebrada en la capilla del cementerio de Pereiró, asistieron numerosas autoridades civiles y militares, entre ellas el delegado del Gobierno en Galicia, Domingo García Sabell, y el alcalde de Vigo, Carlos Príncipe.

Juan Carlos Trujillo García, de 25 años, era natural de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). Estaba soltero y llevaba seis años destinado en Guipúzcoa. Cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA desempeñaba labores de vigilancia de edificios públicos, igual que su compañero Eduardo Sobrino. La mayor parte de su familia residía en Castro Urdiales (Cantabria), donde había recalado su padre, Luis Trujillo, tras jubilarse como miembro de la Guardia Civil. Cientos de personas rindieron homenaje a Juan Carlos Trujillo en su entierro en Castro Urdiales (El Diario Montañés, 26/10/1991).

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ANDRÉS SILVERIO MARTÍN, guardia civil asesinado por ETA, 26 de octubre de 1978

IN MEMORIAM

El 26 de octubre de 1978 fallecía en el Hospital Civil de Bilbao el guardia civil ANDRÉS SILVERIO MARTÍN, cuatro días después de haber sido tiroteado en Guecho junto a otros tres miembros de la Benemérita por varios miembros de la banda terrorista ETA que les tendieron una emboscada cuando volvían a pie después de prestar el habitual servicio de seguridad en el campo de fútbol de Gobelas. Como consecuencia del atentado murieron en el acto el sargento Luciano Mata y el agente Luis Carlos Gancedo, mientras que Andrés Silverio y Carlos Troncoso Currito resultaban heridos.

Los dos agentes heridos fueron evacuados en vehículos particulares al Hospital Civil de Bilbao. Carlos Troncoso presentaba impactos de bala en el tórax, pierna derecha y codo. Andrés Silverio sangraba abundantemente por un gran orificio en la cabeza, además de tener heridas en el codo, piernas y glúteos. Poco después de ingresar en el hospital, el agente Silverio entró en coma profundo. Fue intervenido quirúrgicamente pero en el parte médico hecho público el día 23 de octubre se señalaba que evolucionaba desfavorablemente "manteniendo un grado de coma con pocas posibilidades de recuperación". Murió tres días después, el 26 de octubre.

Andrés Silverio Martín tenía 25 años. Estaba casado. Se formó en la Academia de la Guardia Civil de Úbeda (Jaén), licenciándose en julio y siendo destinado al País Vasco.

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JERÓNIMO VERA GARCÍA, guardia civil asesinado por ETA, el 29 de octubre de 1974

IN MEMORIAM

A las siete y media de la tarde del día 29 de octubre de 1974 el etarra Ignacio Iparraguirre Aseguinolaza, alias Iporra, asesinaba en San Sebastián al sargento de la Guardia Civil JERÓNIMO VERA GARCÍA cuando, acompañado del agente Tránsito Jubete Rojas, procedían a identificarlo por resultarles sospechoso.

Tanto el sargento Vera García como el agente que le acompañaba participaban en una investigación conjunta de la Guardia Civil y la Policía sobre las actividades de miembros de la banda terrorista ETA, mes y medio después de que la banda hubiese cometido su primera masacre en la cafetería Rolando de la calle Correo de Madrid. De resultas de esas investigaciones la Guardia Civil tenía información de que un miembro de la banda terrorista se encontraba en el barrio de Trincherpe, colindante con el municipio de Pasajes. Hacia las 19:30 horas ambos se trasladaron a dicho barrio a fin de comprobar la veracidad de la información y vieron a un individuo, que les resultó sospechoso por su actitud y muestras de nerviosismo, en la calle que desemboca en el puerto de Pasajes. Decidieron someterlo a vigilancia pero, al comprobar que se alejaba de la zona, le dieron el alto y le pidieron que se identificase. En ese momento Iparraguirre Aseguinolaza sacó una pistola y disparó contra el sargento Vera, que resultó herido en el pecho. Pese a ello, los dos guardias civiles respondieron al ataque disparando contra el etarra, al que también hirieron.

El sargento Vera García paró un coche particular y pidió que le llevasen al Hospital Militar, donde falleció dos horas y media después. El terrorista fue también trasladado en un coche particular a otro hospital, falleciendo a las 22:30 horas. El etarra estaba huido en Francia desde diciembre de 1973.

Jerónimo Vera García tenía 45 años. Era natural de Fuente Álamo (Murcia), pero residía en Guipúzcoa desde 1949, es decir, desde que tenía 20 años. Estaba casado y tenía dos hijas de 14 y 10 años. Fue condecorado a título póstumo con las Cruces Rojas del Mérito Policial y del Mérito Militar.

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Armando Medina Sánchez, guardia civil asesinado por ETA, el 30 de diciembre de 2000

IN MEMORIAM

A las 9:10 horas de la mañana del lunes 30 de octubre de 2000 la banda terrorista ETA asesinaba en Madrid, mediante un coche-bomba, al policía nacional JESÚS ESCUDERO GARCÍA, al magistrado del Tribunal Supremo JOSÉ FRANCISCO DE QUEROL Y LOMBARDERO y al chófer de éste, ARMANDO MEDINA SÁNCHEZ, hiriendo de gravedad al conductor de autobús Jesús Sánchez Martínez, que fallecería finalmente el 8 de noviembre, nueve días más tarde.

El atentado tenía como objetivo fundamental acabar con la vida del magistrado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, el general togado José Francisco de Querol y Lombardero, así como de aquellas personas que lo acompañaran en el coche oficial, como su chófer y el escolta que viajaba a su lado para protegerle. Para llevar a cabo la acción, los terroristas del grupo Madrid de ETA prepararon un coche-bomba con cerca de 40 kilos de dinamita y grandes cantidades de metralla y lo hicieron estallar a las 9:10 de la mañana al paso del vehículo en el que viajaban el magistrado, su escolta y el chófer del Parque Móvil del Estado. El explosivo estaba contenido en una olla de aluminio, metida en el maletero del coche, y la metralla consistía en tornillos y trozos de varillas metálicas como las empleadas en la construcción para dar consistencia a las estructuras de hormigón. El coche-bomba, un Renault 19 rojo que había sido robado en el barrio de Fuencarral el 17 de agosto, estaba aparcado en la avenida Badajoz, en el cruce de ésta con la calle Torrelaguna, cerca de una parada de autobús y de una sucursal bancaria, en el barrio de La Concepción.

La zona escogida para situar la bomba era un punto del recorrido diario que hacía el coche del general José Francisco de Querol, ya que el domicilio de éste estaba situado en la calle Torrelaguna. El magistrado caminaba varias decenas de metros hasta reunirse con su chófer para tomar el vehículo oficial y dirigirse al trabajo. A menos de cien metros del lugar de la explosión se encontraban un centro de atención a la infancia y un colegio, por lo que la zona era transitada habitualmente por niños. Los terroristas accionaron la bomba mediante un mando a distancia en el momento en que el coche en el que viajaban las víctimas, un Renault Megane que carecía tanto de blindaje como de inhibidores de frecuencia, se situó a la altura del Renault 19.

Los más de 35 kilos de dinamita provocaron una explosión de magnitudes descomunales, hiriendo a más de sesenta personas y provocando cuantiosos daños materiales. Un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, conducido por Jesús Sánchez Martínez, quedó completamente destrozado debido a la onda expansiva y al incendio que se desató, quedando finalmente calcinado. Un edificio tuvo que ser desalojado por las Fuerzas de Seguridad, después de que siete de sus plantas se vieran afectadas por la terrible explosión. Varias decenas de vehículos, medio millar de viviendas de tres bloques distintos de edificios y decenas de comercios en un radio de ciento cincuenta metros sufrieron desperfectos de algún tipo. El automóvil en el que viajaban José Francisco de Querol y Jesús Escudero, conducido por Armando Medina, quedaría convertido en un amasijo de hierros, completamente destrozado, después de volar literalmente por encima del autobús municipal.

Como en otros atentados de los asesinos etarras, la fortuna quiso que la tragedia no acabara convirtiéndose en una masacre sin precedentes. Al hecho de que la zona fuera un lugar de tránsito habitual de los niños que salían de los colegios próximos se unió la circunstancia de que, en el momento de la explosión, había numerosos transeúntes en las proximidades del coche-bomba. En el instante mismo de la explosión, el autobús municipal, en el que sólo viajaban seis pasajeros, se acababa de interponer entre el coche-bomba y los peatones, absorbiendo la mayor parte de la onda expansiva y convirtiéndose en un aterrador escenario del que los supervivientes trataban de huir por los huecos de las ventanillas.

La confusión generada por lo dantesco de la escena y el hecho de que los terroristas accionaran la bomba a distancia impidieron que hubiera testigos de la huida de éstos. Los heridos más graves, entre los que se encontraban una mujer embarazada y una niña de 11 años con fractura total de la tibia, fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos, mientras que el resto fue atendido en el mismo lugar del atentado por los sanitarios del SAMUR, que tuvieron que improvisar un hospital de campaña ante la gran cantidad de heridos. Hasta el lugar acudieron los bomberos, una decena de ambulancias y personal sanitario de varios lugares, como el centro de salud Canal de Panamá.

La esposa de José Francisco de Querol, María Josefa Orozco, sufrió una crisis nerviosa cuando le comunicaron la noticia del atentado y tuvo que ser trasladada a un centro sanitario. Baltasar Garzón, de guardia el día de la tragedia, fue el juez encargado de ordenar el levantamiento de los cadáveres del magistrado De Querol, Armando Medina y Jesús Escudero.

El hecho de que el coche robado hubiera sido sustraído más de dos meses antes del atentado confirmaba que ETA contaba con una notable infraestructura en la capital madrileña. La matrícula del Renault robado había sido troquelada con una máquina robada durante la última tregua-trampa de la banda terrorista. Respecto al modus operandi empleado contra el vehículo oficial del general De Querol, fuentes de la lucha antiterrorista manifestaron que posiblemente los terroristas accionaron la bomba desde una zona alta de la calle Torrelaguna, desde donde, además, había fácil acceso a la M-30 y a una estación de metro, que habría facilitado la huida de los asesinos.

El atentado fue interpretado como una consecuencia directa de la amenaza que había vertido poco antes el sanguinario etarra Francisco Múgica Garmendia, Pakito, a los jueces de la Audiencia Nacional: "Para nosotros todos vosotros sois Tagle". El terrorista hacía referencia con sus palabras al atentado contra la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle, asesinada a tiros por miembros de ETA el 12 de septiembre de 1989.

La catedral de Granada acogió el funeral en honor de Jesús Escudero ante casi dos mil personas. Hacía sólo tres semanas que Granada había sido testigo del asesinato a manos de ETA del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero. La misa fue oficiada por el arzobispo Antonio Cañizares, que se refirió a los etarras con durísimas palabras de condena. El cuerpo de Jesús Escudero fue transportado en un avión militar, acompañado por el director general de la Policía, Juan Cotino, para su posterior entierro en el cementerio municipal de San José, en Granada. El Ayuntamiento de esta ciudad decretó tres días de luto oficial. El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela, fue el responsable de oficiar la misa en el funeral por las almas de Armando Medina Sánchez y José Francisco de Querol y Lombardero, un día después del atentado, en el Salón de Pasos Perdidos del Tribunal Supremo. Tras el funeral, los restos mortales de Armando Medina fueron trasladados al cementerio de La Almudena, donde tuvo lugar el entierro. También en el cementerio madrileño de La Almudena, en un acto íntimo, fueron inhumados los restos de José Francisco de Querol. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital decretaron dos días de luto oficial tras el atentado.

El mismo día del atentado se celebraron concentraciones espontáneas de repulsa en Madrid, Barcelona, Murcia y otras capitales españolas. Para el día siguiente, 31 de octubre, numerosos ayuntamientos, sindicatos, administraciones públicas, universidades y asociaciones como Gesto por la Paz convocaron cientos de actos de repulsa y condena a la violencia terrorista.

El rey Juan Carlos condenó el atentado y aseguró tener "la seguridad de que los asesinos pagarán, tarde o temprano, por sus crímenes". En el ámbito internacional, Nicole Fontaine, presidenta del Parlamento Europeo, dijo sentirse profundamente impresionada y afectada por el monstruoso atentado de la banda terrorista ETA, añadiendo que "por su voluntad de reaccionar a ciegas, por su falta de humanidad y por su comportamiento que no se puede calificar, los miembros de ETA han mostrado de nuevo su verdadera naturaleza, que consiste en destruir la vida y la democracia". Kofi Annan, secretario general de la ONU en esos momentos, condenó "enérgicamente" el terrorismo y expresó su "conmoción" ante la barbarie etarra.

El entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, tuvo duras palabras de condena no sólo hacia los terroristas, sino también hacia los partidos nacionalistas que en ese momento integraban el Gobierno vasco: Eusko Alkartasuna y Partido Nacionalista Vasco. Aznar rechazó cualquier opción posible de recuperar la unidad con dichos partidos, advirtiendo al PSOE que dicha unidad sería "imposible" porque tanto EA como el PNV "deben sus cargos a pactos con ETA", sosteniendo posturas incompatibles con la lucha contra la banda terrorista. El líder del Partido Popular preguntó retóricamente "¿Es posible la unidad con quienes deben sus cargos políticos a pactos escritos o no escritos con ETA? ¿Es posible la unidad con quienes deslegitiman el Estado de derecho y legitiman la violencia?" y sobre los partidos nacionalistas gobernantes manifestó, sin dejar lugar a dudas, que "no se puede lograr la unidad con quienes creen a los terroristas, hablan con ellos o se dicen sus amigos. O con aquellos que condenan los asesinatos un día y al siguiente lo legitiman con sus actos [...] Ya sabemos lo que duran las condolencias. Lo que se tarda en dar un pésame [...] ¿Se puede lograr la unidad con quienes deslegitiman de ese modo el Estado de derecho y legitiman la violencia? ¿Se puede trabajar por la unidad con quienes llaman desalmados a los servidores de un Estado del que se dice que además viola los derechos humanos?".

Juan María Uriarte, obispo de San Sebastián, condenó el atentado e hizo un llamamiento a ETA para que pusiera "término a tanto dolor". Por su parte Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao fue más allá y dirigió su condena no sólo a los asesinos, sino también "a los que los encubren y los justifican".

Los miembros del brazo político de ETA hicieron gala una vez más de su deplorable demagogia y de su más absoluto desprecio por las víctimas del terrorismo, equiparando de la forma más vil a víctimas y verdugos. Joseba Permach, portavoz de Euskal Herritarrok, comparó la muerte de Jesús Escudero, José Francisco de Querol y Armando Medina con la de los etarras Urko Gerrikagoitia, Zigor Aranbarri, Francisco Rementeria y Ekain Ruiz, fallecidos en agosto de 2000 al estallarles el coche la bomba que, según la propia ETA, iban a utilizar para cometer un atentado.

Durante la tregua-trampa decretada por ETA en 1998 la banda terrorista aprovechó para reorganizar varios de sus grupos operativos. En noviembre de 1999 ETA volvía a asesinar y varios de sus grupos iniciaban una macabra campaña de atentados contra jueces, fiscales y personalidades del mundo jurídico en general. Numerosos etarras estuvieron dedicados a vigilar a posibles objetivos y a recabar información de éstos. Los miembros del grupo Madrid y los del grupo Buro Ahuste centraron su actividad en esa auténtica cacería de personas dedicadas profesionalmente al mundo del Derecho. El atentado contra el general togado José Francisco de Querol estaba enmarcado en esa sangrienta campaña de la banda terrorista, de forma que aunque sólo un terrorista accionó el mando a distancia que activó la bomba, fueron muchos los que, de una forma u otra, participaron en las labores de vigilancia y obtención de información para llevar a cabo tanto éste como otros atentados de la misma época.

En noviembre de 2001 la Policía detenía a Ana Belén Egües, alias Dolores, responsable máxima del grupo Madrid de ETA en esas fechas. Ana Belén Egües, que fue durante cinco años como concejal de Herri Batasuna, había participado en todos los atentados cometidos por ETA en Madrid desde enero de 2000 hasta el momento de su detención. Según la propia Egües, la única acción en la que no había actuado fue la colocación de un coche-bomba en el aparcamiento del aeropuerto de Barajas. Ana Belén Egües se encargó de la planificación y la dirección del atentado que le costó la vida al policía Jesús Escudero, al chófer Armando Medina, al magistrado José Francisco de Querol y, días más tarde, al conductor de autobús Jesús Sánchez. Egües fue detenida junto con el también etarra Aitor García Aliaga en noviembre de 2001 después de que, días antes, cometieran un atentado con coche-bomba. La detención fue posible gracias a un ciudadano anónimo que los siguió durante quince minutos y dio aviso a la Policía. El Ministerio Fiscal solicitaba para Ana Belén Egües prisión incondicional por diez delitos de asesinato consumado, tres delitos de asesinato en grado de tentativa y siete de conspiración para el asesinato, así como pertenencia a banda armada, depósito de armas y de explosivos, falsificación de documento oficial y sustracción de vehículos. En octubre de 2005 la Audiencia Nacional condenaba a Ana Belén Egües Gurruchaga y a Aitor García Aliaga a 1042 años de cárcel, estimando que la petición de la Fiscalía de los siete delitos de conspiración para el asesinato no era procedente, debido a que el grupo Madrid contaba con numerosos miembros que podrían haber recabado la información necesaria para cometer algunos de los atentados llevados a cabo por la banda, no estando probado que esta labor hubiese corrido a cargo de Egües y García Aliaga. La sentencia sí consideraba probado que ETA había utilizado la tregua de 1998 para rearmarse y reorganizar sus grupos operativos.

En junio de 2006, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitaba al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska la reapertura del caso del asesinato del general De Querol. En las declaraciones iniciales de Ana Belén Egües, ésta había testificado que los etarras Gorka Palacios Aldai y Juan Luis Rubenach Roig habían participado directamente en la comisión del atentado y les había reconocido en fotografías. El segundo era responsable de "logística operativa" de la banda. Sin embargo, en su declaración judicial Egües desmintió dichas acusaciones, alegando haber sido golpeada durante el primer día de su detención. La terrorista se negó a declarar ante Grande-Marlaska, quien dirigió una comisión rogatoria a las autoridades francesas para poder interrogar a Rubenach y Palacios por el atentado cometido contra De Querol. Éstos habían sido detenidos en Pau (Francia) en diciembre de 2003.

La exconcejal batasuna Ana Belén Egües, con uno de los historiales más sangrientos de la banda terrorista ETA, actúa desde 2006 como portavoz de los presos etarras, permitiéndose hablar de amnistías y condiciones para el diálogo, cuando hace tan sólo tres años, en julio de 2008, se jactaba ante los jueces de que haber colaborado con el grupo de ETA al que pertenecía Iñaki de Juana Chaos había sido "un honor" para ella.

Por otra parte, en abril de 2003 la Audiencia Nacional condenaba a nueve años y medio de cárcel a Nerea Garro y Ainara Esteranz, acusadas de formar parte del grupo Madrid y de haberse desplazado en octubre de 2000 a la capital para recabar datos sobre objetivos de ETA, semanas antes del atentado contra De Querol.

En junio de 2007 la Policía Montada de Canadá detenía en Quebec a Iván Apaolaza Sancho, acusado de formar parte del grupo Buro Ahuste –junto con la propia Ana Belén Egües, Gorka Palacios y Javier Abaunza– en las fechas en las que se produjo el atentado contra el magistrado José Francisco de Querol. El 17 de octubre de 2011 comenzaba el juicio contra varios de esos miembros del grupo Buro Ahuste, acusados de numerosos crímenes cometidos tras el final de la tregua-trampa de 1998. Entre éstos estaban Juan Antonio Olarra Guridi, Oier Goitia Abadía y los ya citados Ivan Apaolaza Sancho y Gorka Palacios Aldai. La Fiscalía ha pedido 1015 años de prisión para Olarra Guridi, 55 para Iván Apaolaza, 45 para Gorka Palacios y 20 para Goitia Guridi.

Armando Medina Sánchez, de 57 años y natural de Melilla, estaba casado y tenía un hijo de 30 años sirviendo en la Guardia Civil y destinado en el País Vasco. Armando trabajaba en el Parque Móvil del Estado desde hacía quince años y era el chófer de José Francisco de Querol desde 1998. Quedó adscrito a la Sala Quinta en 1997 y trabajaba para el Tribunal Supremo desde 1992. Armando Medina estaba afiliado al sindicato de la Unión General de Trabajadores (UGT). Tanto Comisiones Obreras como UGT convocaron paros de protesta en toda España como muestra de rechazo al terrorismo. Según los camareros del Bar Valencita, donde Armando paraba cada día para tomar el café antes de recoger al general De Querol, "era un hombre muy simpático y muy atento", amable con todo el mundo y que se interesaba por los problemas de la gente con la que trataba.

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MANUEL FUENTES FONTÁN, guardia civil asesinado por ETA, el 31 de octubre d 1979

IN MEMORIAM

A las tres y media de la tarde del miércoles 31 de octubre de 1979 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Portugalete (Vizcaya) al guardia civil MANUEL FUENTES FONTÁN. El agente vivía en Santurce, pero acudía habitualmente a Portugalete donde vivía su novia, Francisca Vilches, con la que solía comer o cenar. Ese día acudió a comer con ella y en torno a las 15:20 horas salió del domicilio, vestido de paisano, para volver al cuartel de Santurce. Tras salir del edificio, el guardia se dirigió a su automóvil y entró en el mismo. En ese momento dos terroristas -uno encapuchado y el otro con la cara cubierta por un pañuelo- que se encontraban apostados junto a la valla de un edificio en construcción, dispararon contra él con un subfusil y una pistola a menos de cinco metros de distancia. Tras acribillarlo a balazos los asesinos huyeron en un Renault 4 de una empresa de reparación de televisión, en el que esperaban otros dos terroristas.

Manuel Fuentes fue alcanzado por una docena de impactos en los hombros, el tórax, los brazos y las piernas, y quedó mortalmente herido dentro de su vehículo. La novia se asomó a la ventana y aún tuvo tiempo de ver cómo corría uno de los autores del atentado. Bajó corriendo a la calle y se acercó al coche donde agonizaba Manuel, que hizo un amago de hablar, pero no pudo articular palabra. Fue trasladado en una ambulancia a la Clínica San Juan de Dios de Santurce, falleciendo a los pocos minutos de ingresar cuando había sido llevado al quirófano para ser intervenido.

El PSOE, PCE y ESEI (Convergencia Socialista Vasca) reaccionaron de forma inmediata convocando para ese mismo día 31 de octubre una manifestación de protesta, que tuvo lugar a las ocho de la tarde en Portugalete. Los convocantes manifestaron que el atentado, igual que el cometido cuatro días antes contra Germán González López, era una declaración de guerra al Estatuto recién aprobado y un intento de hacer inviable su puesta en práctica. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) excusó su asistencia a la reunión de convocatoria de la manifestación, alegando que la mayoría de sus dirigentes se encontraban en Bayona (Francia) para hablar con el lehendakari del Gobierno vasco en el exilio Leizaola.

El 1 de noviembre ETA reivindicó el asesinato de Manuel Fuentes. Tras reiterar que seguirían atentando hasta lograr que se aplicase la alternativa KAS, en el comunicado analizaban los resultados del referéndum, señalando que se manipularon los votos y haciendo elogios a los que optaron por la abstención.

Manuel Fuentes Fontán tenía 29 años, era natural de Pontevedra, estaba soltero y llevaba cinco años destinado en el País Vasco. Su novia, Francisca Vilches, era natural de Jaén y declaró a los medios de comunicación que Manuel había solicitado el traslado a Pontevedra porque temía que no iba a salir vivo del País Vasco, pero le contestaron que "los casados tenían prioridad" (Diario de Navarra, 01/11/1979). Manuel fue la primera víctima mortal entre miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía. Sus restos mortales fueron enterrados dos días después, el 2 de noviembre, en Pontevedra, su ciudad natal. El funeral de cuerpo presente se celebró en la Iglesia de la Virgen del Camino. Guardias civiles y policías nacionales transportaron a hombros el féretro hasta el templo, que estaba absolutamente abarrotado, por lo que gran parte del público tuvo que seguir la ceremonia desde fuera. Al acto asistieron autoridades civiles y militares y, a la salida, se oyeron gritos contra el Gobierno y vivas a la Guardia Civil y al Ejército.