La vista de un caso que se remonta a 2007 se celebrará los días 8,10, 11 y 17 de febrero en el Juzgado de lo Penal 4

El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba sentará ahora en el banquillo a 15 vecinos de Posadas acusados de golpear a una decena de agentes de la Guardia Civil que impedían su acceso a una finca privada que ellos reclamaban como vía pública en Posadas en el año 2007.

El Ministerio Fiscal ha solicitado para ellos penas que suman 2 años y 8 meses de prisión para cada uno de los 15 acusados -unos 40 años de prisión en total- y multas que ascienden a 67.500 euros para este grupo que formaba parte de una concentración para la defensa del carácter público de la colada de Los Torrilejos.

En su escrito de conclusiones provisionales la Fiscalía recoge cómo esa tarde-noche del 14 de septiembre de 2007 los agentes desplegaron un cordón de seguridad en la puerta de la finca privada ante las noticias de que este grupo de personas tenían intención de entrar, con el fin de mantener el orden público.

Una vez allí, los acusados, puestos de común acuerdo en la ejecución de un plan preconcebido, a pesar de la presencia de los agentes, comenzaron a increpar al cordón de seguridad, diciendo que «la fuerza estaba comprada por el propietario de la finca y que ellos pasarían de todos modos, toda vez que el camino era público».

Acto seguido, tras forzar el cordón de seguridad sin éxito, llegaron a propinar a los agentes múltiples empujones y golpes con los paraguas y bastones que portaban, rompiendo con unos alicates la valla de una finca colindante y penetrando en el interior del camino.

Una vez en la loma del camino, haciendo caso omiso de las ordenes de los agentes comenzaron a lanzarles piedras y ladrillos de grandes dimensiones que no solo encontraron en el camino, sino que también llevaron consigo en sus bolsos o mochilas al lugar con tal fin con la seguridad de alcanzarles, dado que lo hicieron a escasa distancia. En esa actuación alcanzaron a 9 agentes.

El Ministerio Público sostiene además que los acusados lanzaron piedras a los vehículos oficiales desplazados al lugar. Tres de ellos sufrieron daños, por los que la Abogacía del Estado reclama, que han sido tasados en 1.133 euros, casi 984 euros y 685 euros. Además, uno de los acusado S.B.S. golpeó a un agente y le arrebató el radioteléfono policial oficial, tasado en 510 euros y que no pudo ser recuperado.

En el relato del fiscal, se recoge además que dada la exaltación del ánimo de los concentrados, los agentes tuvieron que replegarse a la parte trasera de los vehículos oficiales, debiendo hacer uso del material antidisturbios para repeler el lanzamiento de piedras que continuaba contra ellos.

La Fiscalía solicita para estos acusados, para los que contempla la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas -hace 15 años del suceso- penas de 5 meses de prisión por el delito de desórdenes públicos, un año de prisión por el de atentado grave a la autoridad; seis meses de prisión por los tres delitos de lesiones cometidos por cada uno; así como otros 9 meses de prisión por el delito de daños. Mientras, uno de los acusados, además se le encausa por un delito de hurto.

El juicio será celebrado por el juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba los días 3, 8, 10, 11 y 17 de febrero de este año.

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