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INTERIOR REDUCIRÁ EL NÚMERO DE GUARDIAS CIVILES QUE PRESTAN SERVICIO EN EDIFICIOS OFICIALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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- Categoría: Ultimas Noticias Actualidad Guardia Civil
- Publicado el Martes, 22 Marzo 2022 07:41
- Escrito por Antonio Mancera
El Ministerio del Interior reducirá desde abril el número de agentes que protegen los edificios púbicos, consejerías y sedes del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, como la Asamblea, Sol o la Academia de Policías.
La decisión se origina después de que el departamento de Grande-Marlaska haya suprimido el convenio que tenía con la Comunidad de Madrid para que 120 agentes de la Guardia Civil en la reserva y mayores de 56 años lleven a cabo las tareas de seguridad. A las arcas de la Comunidad de Madrid les costaba los 120 guardias, un total de 2,2 millones de euros al año.
La nueva fórmula jurídica planteada por el Ministerio del Interior para que estos agentes sigan prestando esa misión en las sedes de la Comunidad es una encomienda de gestión en vez del convenio anterior, lo que significa una "especie contrato para que la Guardia Civil preste los servicios de vigilancia en los edificios". El problema es que con la equiparación salarial ha subido el sueldo base de los agentes y con la aportación de dinero anual de la Comunidad de Madrid no se puede pagar ahora ese mismo volumen económico a los 120 guardias que además perciben un complemento extra por ese trabajo. Eso supone reducir agentes o, en caso contrario, aportar más cantidad de dinero para mantener la remesa de Guardias Civiles que protegen los edificios públicos.
Fuentes sindicales señalaron que el coronel jefe de la UPROSE (Unidad de Protección y Seguridad) firmó recientemente la orden para la disminución de efectivos y de vigilancia, que se pondrá en marcha a partir del próximo lunes día 4 de abril. A tenor de dicha resolución, las sedes del Gobierno regional únicamente tendrán vigilancia entre las 07.00 horas y las 15.00 horas, estando sin guardias el resto del día cuando antes la tenían durante 24 horas diarias. A nivel laboral, esta reducción de personal afecta gravemente a los guardias civiles que realizan este servicio. Si no se soluciona el conflicto, la Comunidad tendrá que buscar otra fórmula, como la seguridad privada.
La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior asegura que se ha enterado recientemente de la anulación del convenio y de las nuevas condiciones impuestas por el departamento de Marlaska. "Nos han cambiado de repente todos los planteamientos y no sabemos quién ha dado la orden de reducir los efectivos, ya que todavía no había nada cerrado y solo se había hablado con Interior verbalmente de las nuevas condiciones", indican desde la Consejería de Justicia.
El Ministerio del Interior reconoce que se negocia una nueva fórmula con el ejecutivo de Ayuso para mantener a los agentes en tareas de protección, pero matiza que ha sido la Comunidad la que ha decidido rebajar el número de guardias civiles. También recuerda el departamento de Marlaska que la Comunidad debe a la Guardia Civil 2,2 millones de euros del año pasado, aunque aseguran que es normal que esto suceda.
Fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, en cambio, insisten que no han sugerido ninguna reducción de efectivos y que no entienden esta decisión unilateral. Denuncian que Interior se negó a renovar el acuerdo con la Comunidad de Madrid. «No hay convenio en vigor, porque en diciembre de 2020 el ministro del Interior no consideró conveniente formalizar la prórroga que había enviado firmada la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que provocó que desde el 1 de enero de 2021 no tengamos el convenio que regula la prestación del servicio», apuntan desde el Ejecutivo de Ayuso que aclaran que no se ha pagado el dinero del año pasado debido a que Interior no renovó el convenio.
Añaden desde la Consejería de Presidencia que tras más de un año y de diversos intentos por parte de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación de elaborar un nuevo convenio "la semana pasada se nos ha comunicado que, desde el Ministerio del Interior se propone otra fórmula jurídica diferente, lo que nos lleva a retrasar aún más este proceso". Por tanto, "entendemos que mientras no se produzca la nueva firma, no se debe reducir o alterar el número de agentes asignados, ni el horario de cobertura", según las mismas fuentes de la Comunidad de Madrid.
En el nuevo texto de la encomienda de gestión, la Guardia Civil recomienda, según la Comunidad, "la aportación de un vehículo y unos puestos de mando que ahora no se contemplan y que buscaremos la manera de satisfacer, sin que este nuevo coste, suponga una merma de efectivos operativos en los edificios". Para ello, "si es necesario", la Comunidad dice que ampliará el crédito de más 2,2 millones anuales para que esto no suceda.
"Una vez más, como ocurrió con el rechazo de las 33 viviendas de Ciempozuelos para establecer una nueva casa cuartel en la localidad, Interior pretende enfrentar a la Comunidad de Madrid con la Guardia Civil», agregan desde la Consejería. «No lo van a conseguir, porque este Gobierno regional tiene en la más alta consideración a la Guardia Civil y seguirá haciendo todo lo posible para que sigan velando por la seguridad de los madrileños", puntualiza la Comunidad que subraya la apuesta del Gobierno regional por "apoyar a los agentes del Instituto Armado en segunda actividad y pagar 2,2 millones cada año para que sigan prestando servicio y estén en activo".
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